Procurador previene a JEP que tenga cuidado con los ‘colados’ | El Nuevo Siglo
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Martes, 16 de Octubre de 2018
Redacción Nacional

A propósito de la decisión de un juez de Cartagena de enviar el expediente de la condenada empresaria del chance Enilce López y sus dos hijos a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, advirtió este martes que esta instancia creada para juzgar los delitos graves cometidos en el conflicto armado no puede ser utilizada por quienes sin nada que ver con este asunto quieren quedar bajo su jurisdicción para obtener beneficios.

“Uno no puede utilizar a la Jurisdicción Especial para la Paz, como dicen aquí en Colombia, como ‘violín prestado’ para tratar de justificar cualquier tipo de actitudes que son absolutamente reprochables y que se merecen todo el peso de la justicia ordinaria y no el de la JEP”, puso el acento el Procurador.

Carrillo Flórez señaló que como Ministerio Público se ha solicitado a esta Jurisdicción cerrar la puerta a quienes pretenden colarse para recibir los beneficios de la JEP, a los que no tendrían derecho.

“Uno no puede pensar que un feminicidio puede ser la justificación para llegar a los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz, y en eso vamos a ser sumamente estrictos. En el caso de la violencia contra los niños también hemos tratado de poner un filtro grandísimo”, agregó.

El Procurador respaldó también el trabajo de la JEP y pidió respetar su independencia.

“Hoy la Procuraduría es una garantía en la Justicia Especial para la Paz, que será cada vez mayor, porque le apostamos al éxito de esa jurisdicción y no estamos dentro de quienes creen que es vulnerándola como le vamos a hacer un favor a la paz; sino que creemos exactamente todo lo contrario. Vamos a sacar pecho cuando mostremos las ejecutorias de la JEP como ha venido sucediendo en los pocos meses que lleva la jurisdicción funcionando. Estaremos vigilantes para que se respete su independencia”.

Enilce López, también conocida como la ‘Gata’, fue condenada en 2013 por el delito de homicidio que ella ordenó a grupos paramilitares, según el fallo. Desde hace un tiempo goza de prisión domiciliaria por problemas de salud.

En cuanto a sus hijos, el ex congresista Héctor Julio Alfonso López, fue acusado por el escándalo de la ‘parapolítica', mientras que su hermano Jorge Luis Alfonso López fue condenado a 39 años de prisión porque según la justicia determinó el crimen de un periodista.

En días pasados la Corte Suprema de Justicia negó la solicitud que presentó el exparlamentario Héctor Julio Alfonso López para que su proceso pasara a manos de la JEP. “La Sala de Casación Penal, a pesar de haber recibido una manifestación por escrito de Héctor Julio Alfonso López, de someterse a la JEP, no remitirá el expediente a esa Corporación ni tampoco suspenderá su competencia y su jurisdicción, mucho menos suspenderá la prescripción de la acción penal, porque los cargos formulados al procesado no tiene relación directa con el conflicto armado”, dice la Corte. 

Un argumento parecido esgrimió en mayo pasado la JEP al negar la solicitud que presentaron los exparlamentarios David Char y Álvaro Ashton, ambos investigados por parapolítica por la Corte Suprema. A su juicio, las conductas que presuntamente cometieron fueron realizadas atendiendo un interés personal y no tuvieron una relación estrecha con el conflicto armado porque no contribuyeron al mantenimiento o conducción de las hostilidades.

No obstante, estos ex congresistas apelaron la decisión y finalmente en agosto pasado la JEP los admitió de forma condicionada. La Sección de Apelación revocó las Resoluciones 083 y 084 del año en curso, al considerar que los delitos señalados están dentro de la competencia porque la evaluación de la relación de una determinada conducta con el conflicto armado admite distintas intensidades, de acuerdo con el momento procesal del que se trate, y atendiendo a los elementos de prueba disponibles.

Precisamente por considerar que las conductas por las que fueron procesados no tienen relación con el conflicto armado, la JEP negó peticiones para acceder a su jurisdicción de los exministros del gobierno Uribe, Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio, así como al exsecretario general de la presidencia de la República en esa administración, Alberto Velásquez, entre otros.