• Dos años de un hecho político sin precedentes
• El lento naufragio del proceso Santos-Farc

Hoy hace dos años, en el famoso plebiscito, el país le dijo No al Acuerdo de La Habana, entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc. Todo estaba listo para un gran festejo. Todas las encuestas y los sondeos daban una mayoría abrumadora en favor del Sí. Igual ocurría con múltiples columnistas y los medios de comunicación daban por descontado que la paz, tal y como estaba concebida en las clausulas habaneras, recibiría un respaldo incuestionable.

Al comienzo la principal preocupación gubernamental había sido la de que no se alcanzara el umbral constitucional para que la votación fuera válida y se convirtiera en mandato irrestricto. A raíz de esto bajó el porcentaje establecido en la materia y se adoptó el criterio de que con la votación del 13% del censo electoral era suficiente. Con ello se dio el primer tarascazo a la ley y la peregrina justificación fue la de que solo se haría por una sola vez en aras de la paz.

Lo que nunca estuvo en los cálculos fue que el No se impusiera sobre el Sí, de modo que se negaran los convenios entre el Gobierno y la subversión. Pero así fue, en un hecho político memorable y que seguirá dando mucho de qué hablar en la historia del país. Pese a tener todo el viento de cola a su favor y todo el influjo de poder posible, el Ejecutivo perdió estrepitosamente por un exiguo margen de votos cuando, como se dijo, todas las apuestas señalaban una categórica decisión del pueblo colombiano avalando las negociaciones.

De ahí hasta el día de hoy el proceso de paz entre Santos y las Farc no ha hecho más que naufragar. Después de la debacle del plebiscito el Gobierno intentó imponer una tabla de salvación mediante una refrendación parlamentaria espuria, a través de una secundaria proposición a todas luces improcedente. A marchas forzadas, y en un cambio confuso, la Corte Constitucional intentó darle legitimidad al tema, pero a las pocas semanas reconoció que ese acuerdo, refrendado ambivalentemente, podría ser reformado por el Congreso, pese a que se pretendía que fuera omnímodo e intangible. De tal manera, toda la legislación posterior, delineada en el pacto, pudo ser cambiada o ajustada por la vía parlamentaria.

De haber tenido el plebiscito un resultado contundente a favor, otro habría sido el cantar. Pero la catástrofe del 2 de octubre de 2016 no tuvo nunca visos de recomponerse, pese a todas las maniobras posteriores. De suyo, en la actualidad, la gran mayoría del país reconoce que el proceso de paz entre el gobierno Santos y las Farc quedó mal diseñado, básicamente porque lo firmado no fue más que un protocolo de compromisos de tracto sucesivo, aunque se vendió como la paz instantánea y definitiva.

Del mismo modo, podría decirse que un segundo plebiscito en la materia se dio en las últimas elecciones presidenciales. El resultado entonces fue todavía más contundente, por cuanto los que pedían ajustes y reformas al pacto obtuvieron más de 10 millones de votos frente a los ocho de quienes defendían la intangibilidad de los acuerdos. Es decir, que el margen porcentual ya fue mucho mayor.

Sin embargo, lo que nunca se pensó aquel 2 de octubre de 2016, fue que el proceso de paz llegara hasta una ambivalencia como la que hoy se padece. En efecto, no solo la justicia transicional tiene prácticamente sus labores congeladas, salvo por lo atinente a las Fuerzas Militares, sino que las huestes de las Farc se han atomizado al punto de que parte de los jefes militares, así como el principal negociador del acuerdo, han tomado una ruta contraria a lo pactado. Esto, por demás, cuando las llamadas disidencias de las Farc aumentan el reclutamiento y ya tienen un 40% de la cifra de las tropas desmovilizadas, según datos fidedignos como los de InSight Crime, publicados por el New York Times.

El Estado, por su parte, nunca copó las áreas dejadas por las Farc y hoy esas zonas, en buena medida, son escenarios de combate entre las fuerzas irregulares que tratan de establecer nuevos corredores estratégicos del narcotráfico y el monopolio de la minería criminal, para no hablar de la gigantesca tala ilegal de madera, que se constituye en otra fuente de multimillonario contrabando compuesto por esa trilogía ilegal: cocaína, oro y deforestación.

Por eso el presidente Iván Duque, ante el pleno de las Naciones Unidas, dijo hace unos días que recibió un proceso frágil en varios frentes, pues se establecieron múltiples compromisos sin destinar los debidos recursos y se creó una dispersa y compleja normatividad incapaz de avanzar en todos los objetivos.

En esa dirección, los vientos posteriores del plebiscito ya auguraban un fracaso. Lo que no se sabía era que se llegaría a la magnitud de lo que hoy está sobre el tapete.