Los mitos y contradicciones que ha evidenciado el paro | El Nuevo Siglo
AFP
Domingo, 14 de Octubre de 2018
Mario F. Hurtado
Los recursos se necesitan, la universidad estatal es indispensable en cualquier sociedad, pero no se pueden construir las demandas con mitos o sin el compromiso de toda la sociedad

 

LAS MARCHAS del pasado 10 de octubre fueron multitudinarias. No fueron solo las 32 universidades públicas. También marcharon organizaciones sindicales, el SENA, estudiantes de universidades privadas, gremios, todos al unísono en defensa de más recursos para la universidad pública.

Nadie se atreve a cuestionar, pero el debate deja la sensación de que todas las demandas son ciertas. Como lo respondieron los entrevistados en el programa de opinión Zona Franca, no hay ninguna autocrítica desde las universidades estatales. Nadie desconoce la necesidad de inyectar recursos para funcionamiento, infraestructura y calidad, pero las movilizaciones han sacado a flote mitos o contradicciones que se dicen sobre el problema de recursos de la educación superior.

Acá algunos ejemplos:

El presupuesto de educación es el más grande del país

Se ha insistido en este espacio que comida no es igual a educación, y un porcentaje del presupuesto que presentan está enfocado en el PAE (Programa de Alimentación Escolar). El PAE no debe pertenecer al sector educación sino a otra institución. De igual forma que los recursos del sistema pensional de los empleados de la educación superior. Ambos se llevan un porcentaje del presupuesto, y ese dinero, no redundará en cobertura, calidad o infraestructura.

Con el dinero de 40.000 pilos se podría dar educación a 600.000 personas en universidades públicas

Esta afirmación la volvió a realizar con mucha vehemencia Sergio Fernández en el programa Zona Franca, y lo siguen repitiendo como loros los agitadores que poco se informan para debatir. El costo de un estudiante en las públicas no es lo que paga. Eso sería suponer que lo público es barato y de baja calidad. Un estudiante de la Universidad Nacional puede costar alrededor de 10 millones de pesos al semestre. Sin contar con los gastos adicionales en infraestructura y planta docente. Si quisiéramos llevar a los 40 mil pilos a la Universidad Nacional es posible que el costo fuera más alto de lo que se invierte hoy en el programa.

 

Lo público es de todos y por eso mismo las demandas y derechos deben ir acompañados de deberes

 

El Gobierno está desfinanciando sistemáticamente la educación

Desfinanciar significa quitar recursos, y eso es falso, el incremento se ha hecho todos los años con el IPC (Índice de Precios al Consumidor) como se hacen todos los aumentos del presupuesto nacional. Lo que ocurre es que las universidades aumentan sus gastos cada año más que el IPC y no es solo porque aumentaron la cobertura, como se afirma.

Por otro lado, cuando se presentan las gráficas de aumento de recursos por parte del Estado, se asevera que la cobertura aumentó y los recursos son menos. Eso se contradice porque cuando se han hecho propuestas para modificar el sistema de financiamiento de la educación como los Artículos 86 y 87 de la Ley 30, la oposición de las universidades públicas es férrea. Una opción sería pagar por estudiante, pero es algo que consideran inaceptable.

Las contradicciones

Resolver el tema de recursos pasa por aspectos como aumentar el cobro de impuestos para destinarlos a educación o utilizar las regalías como la pequeña bonanza petrolera. En ambos casos son los miembros de la universidad pública los que más se oponen, tanto a la explotación minera, como al cobro de más impuestos. Esto lleva a una reflexión, y es que esto no es un asunto solo de demandar, también implica proponer alternativas viables para la búsqueda de esos recursos y un mayor control fiscal, porque no es un secreto que en varias universidades públicas del país la corrupción y el despilfarro de recursos han llevado a profundas crisis y cuando el Gobierno tiene herramientas como la Ley 1740 de Inspección y Vigilancia quieren que la deroguen. Así que sí es necesaria una autocrítica. Mejorar los procesos y gestionar parte de los recursos.

Los estudiantes también tienen un compromiso que asumir. Defender la universidad pública implica estudiar, aprovecharla, no puede ser que las universidades públicas registren estudiantes que duran 10 y más años haciendo un programa académico, o que los niveles de cancelación de materias y de deserción sean altos. Lo público es de todos y por eso mismo las demandas y derechos deben ir acompañados de deberes.