Medidas anticorrupción: revisión a testaferrato

Foto Andrés Rot / El Nuevo Siglo.

Tipificar el testaferrato como delito contra la administración pública es uno de los puntos clave del proyecto anticorrupción presentado por la Fiscalía, precisó ayer el fiscal Néstor Humberto Martínez.

En la Comisión Primera del Senado, la iniciativa (acumulada con otras cinco) ya está en tercer debate con ponencia del senador Germán Varón, de Cambio Radical.

El fiscal Martínez manifestó que quien creyera que a estas alturas, frente a lo que significan los delitos en la administración y a la forma como los agentes esconden los patrimonios en cabeza de testaferros, “resulta que el testaferrato aplica solamente para el narcotráfico, para el secuestro extorsivo y para la extorsión, pero si se tratara para delitos contra la administración pública no podemos imputar ese delito que le está sirviendo de ocultamiento de los bienes adquiridos por dinero mal habido”.

Por ello, explicó, se propone que el delito de testaferrato se extienda, expresando que “estos son instrumentos que van en línea con lo que se ha venido discutiendo en las comisiones anticorrupción”.

La idea del proyecto es implementar penas de entre 10 y 18 años de prisión, indicó Martínez, exponiendo que en el caso del enriquecimiento ilícito sería entre nueve y 22 años.

No se trata de promover el populismo punitivo, sostuvo, sino de que “hay algunos casos donde sensiblemente el tratamiento punitivo hoy vigente muestra que hay defecto de penas que lo que constituye es un estímulo para el delito de la corrupción”.

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Uno de los ejemplos, señaló, es la falsedad de documento público que se comete a diario en la alimentación escolar, que es “una falsedad documental que tiene una pena de cuatro años, cuando mediante esos mecanismos de las facturas chimbas están expropiando los recursos que se requieren para la alimentación escolar”.

En ese caso se propone que la pena sea elevada entre ocho y 18 años de prisión para que sean disuasivas.

El fiscal Martínez informó que en la actualidad hay cerca de 800 funcionarios en ejercicio judicializados, 200 de ellos servidores de la justicia. “Tengo que decirlo con dolor: en la Fiscalía tenemos ya 106 personas que ha terminado siendo judicializada por corrupción”.

Manifestó el Fiscal, que frente a esa atrocidad se requiere por ejemplo tipificar algunas conductas como la manipulación de despachos judiciales para orientar las demandas a determinado operador.

“Los conciertos para delinquir, que se construyen alrededor del tejido judicial, no tiene un tratamiento punitivo agravado. Hoy un concierto para delinquir es una asociación para delinquir simple. Ese es tratamiento. Y nuestra propuesta es que se dé un tratamiento de concierto para delinquir agravado, con lo cual las penas pasarían a 18 años de prisión”, dijo, aclarando que no se trata de subir la pena sino de categorizar la conducta desde el punto de vista penal, de la forma como está afectando el interés punitivo.

Igualmente, Martínez señaló que la acción de investigación y la determinación que se toma en la justicia de manera temprana frente a las evidencias que entregue el fiscal del caso pueda conducir a tomar decisiones administrativas.

Anotó que se debe luchar para que la última determinación sea la detención preventiva, y señaló que la gran diferencia con el servidor público es que no se da la detención.