Tras un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, Roberto Prieto, pagaría una pena de cinco años. Esta condena sería por la investigación de los supuestos sobornos de la multinacional Odebrecht para gestionar ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) la adjudicación de un contrato a la concesionaria Yuma vinculado al tramo III de la Ruta del Sol.

Sin embargo, solo hasta el próximo 14 de noviembre el juez sexto de conocimiento de Bogotá revisará el preacuerdo. De recibir el visto bueno del juez, Prieto deberá enfrentar otras acusaciones por parte de la Fiscalía, entre ellos realizar un contrato sin cumplimiento de requisitos legales, celebración indebida de contratos y falsedad en documento privado. En la negociación el ente acusador decidió retirarle los cargos por enriquecimiento ilícito y falso testimonio.

Prieto Uribe actualmente está recluido en la cárcel Modelo de Bogotá. Fuentes cercanas al proceso indicaron que el mencionado aceptó su participación en los delitos de falsedad en documento privado, contrato sin requisitos legales y celebración indebida de contratos.

El empresario es investigado por haber presentado facturación irregular por intermedio de la empresa Megaland por un monto cercano a los $650 millones.

Los pagos

Estos recursos son iguales a los que Prieto, que en ese momento era gerente de la campaña presidencial de Santos, recibió para gestionar el contrato de los dineros del Puente entre Plato y Zambrano, Magdalena por la Ruta del Sol II.

La Fiscalía sostiene que Roberto Prieto recibió tres pagos de la multinacional Odebrecth por parte de Francisco Ortiz Producciones. “Una primera factura por 92 millones 800 mil pesos, unos días después reporta una segunda factura de por 92 millones 800 mil pesos y, finalmente, emite otra factura por 104 millones de pesos y aumenta en 40 millones de pesos por el IVA, para un total de 350 millones de pesos”, advirtió el fiscal en la imputación de cargos. 

Aunque la Fiscalía General archivó la investigación que pesaba en contra de Prieto por supuestamente recibir dineros de Odebrecht para la campaña presidencial del exmandatario Juan Manuel Santos, hay otros órganos de control que siguen sus pesquisas.

La Procuraduría

Es el caso de la Procuraduría, que sí lo investiga por presuntas irregularidades cometidas en el manejo de los dineros de la campaña de 2014 del expresidente Santos, pues habría recibido cerca de $9.000 millones de la multinacional brasilera.

El Ministerio Público examina con lupa sus vínculos en la entrada de posibles coimas de la multinacional en la campaña presidencial de Juan Manuel Santos.

Según las indagaciones, hay información que vincularía a Prieto como beneficiario y/o intermediario de sobornos pagados por Odebrecht. El origen de este nuevo problema para el exjefe de campaña fue el testimonio de Gabriel Dumar, mano derecha de Bernardo ‘Ñoño’ Elías, quien prestó su empresa Sion para lavar las coimas dadas por la multinacional.

Dumar afirma que el Ñoño le entregó a Prieto cerca de $9.000 millones para financiar la campaña de reelección del expresidente Santos.

Con base en el testimonio, la Procuraduría quiere saber qué pasó con ese dinero: ¿Entró a la campaña?, ¿Prieto se quedó con él?, ¿Le mintieron el Consejo Nacional Electoral (CNE)?

Para responder a todos estos cuestionamientos, el Ministerio Público citó al exjefe de campaña para que rinda versión libre lo más pronto posible y ordenó la apertura de investigación disciplinaria.

"Se hace necesario verificar si el investigado quebrantó los principios de contratación estatal o la función administrativa en detrimento del patrimonio público, o que hubiere buscado favorecer económicamente a un tercero en perjuicio del interés general", dice uno de los documentos.

La Procuraduría ya está en el arqueo de toda la información financiera del proceso, trasladó algunas pruebas de otros expedientes y requirió a varios directivos de la campaña Santos para que den sus explicaciones.

Si se llega a comprobar alguna actividad irregular de Prieto, como mentir en los informes de ingresos y gastos de campaña, sería la primera vez que un particular sea sancionado e inhabilitado por la entidad.

Detención

Roberto Prieto lleva seis meses detenido y aunque en un comienzo se negó a aceptar las acusaciones en su contra, terminó por buscar un preacuerdo y reconocer su responsabilidad en los delitos de contrato sin requisitos legales, celebración indebida de contratos y falsedad en documento privado.

Además del preacuerdo, fuentes del Inpec aseguraron que Roberto Prieto ya descuenta tiempo de su condena con trabajo en la cárcel y algunos cursos que adelanta con otros internos del penal.

Otro de los señalamientos de la Fiscalía al comienzo de las indagaciones al exgerente de las campaña Santos es que intentó permear y obstruir a la justicia.

Además de la destrucción de documentos, el propio Prieto habla en sus conversaciones de mover fichas en el CNE para cuadrar cabos sueltos sobre la financiación de la campaña: “Usted sabe el riesgo que tengo con Paddington”, se le oye decir, haciendo referencia a la firma que hizo una encuesta que se cotizó en 1 millón de dólares donados por Odebrecht.

También está documentado que un exmiembro del CTI se acercó a la Fiscalía a indagar cómo iba la investigación contra Prieto. En efecto, en diciembre de 2017 y enero de 2018, el sujeto abordó a Luis Gabriel Martínez Abello, uno de los investigadores del caso, para sacarle detalles del expediente.

Aunque la defensa dice que no está probado que fuera un emisario de Prieto, para la Fiscalía no hay ninguna duda. Además, el hombre –que ya fue interrogado– mintió al decir que trabajaba para una oficina de abogados que tenía entre sus clientes a Marketmedios.