EN EL TRANSCURSO de una semana la familia Fujimori ha recibido dos noticias que han puesto a sus dos principales caras en prisión. La Corte Suprema, revocando el indulto concedido por Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció por sus presuntos nexos con la constructora Odebrecht, le quitó ese derecho a Alberto Fujimori, obligándolo a volver a la cárcel.

Una semana después, en medio de una disputa con su hermano Kenji, Keiko, la hija del expresidente y excandidata presidencial, también ha sido vinculada a una investigación por haber recibido supuestamente 1,2 millones de la constructora brasileña durante la campaña presidencial 2011. Como parte de esta causa, un fiscal le dictaminó una medida precautelar en el marco de la Ley de Crimen Organizado, que ordenaba su captura por 10 días.

La huella de Odebrecht ha generado aprehensiones de altos mandos políticos a lo largo del continente. Desde México hasta Argentina presidentes, ministros y demás funcionarios públicos están en la cárcel o son investigados por su relación con este gigante grupo empresarial brasileño, cuyos jefes, además de estar siendo procesados en su país, están colaborando con las autoridades a cambio de beneficios penales.

En 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dio a conocer que Odebrecht pagó en América Latina y África sobornos por 788 millones de dólares, una cifra que le sirvió para sobornar, en particular, candidatos presidenciales que tenían amplias posibilidades de llegar al poder, como ha quedado demostrado en el caso de Perú, Ecuador y Brasil.

Caso emblemático

Perú es, de lejos, el país en el que han caído dirigentes políticos de más alto rango. Además de Keiko, quien está siendo vinculada al caso y hasta ahora está en etapa preliminar, cuatro expresidentes han sido acusados por recibir suntuosas dádivas de la constructora.

El primero es Ollanta Humala, expresidente y rival de la excandidata Keiko en 2011, quien, junto a su esposa Nadine Heredia, fue culpado de lavado de dinero y recibir 3 millones de dólares de la empresa brasileña a cambio de futuros contratos públicos, que en efecto se materializaron tras llegar al poder. A finales de abril, la justicia revocó una medida cautelar que establecía prisión preventiva por nueve meses.

Un periodo antes, Alejandro Toledo se convirtió en la mano derecha de la constructora, según la corte peruana. El ‘Cholo’, quien gobernó por segunda vez Perú a partir de 2001 y hoy es prófugo de la justicia, obtuvo 20 millones de dólares por sobornos recibidos a cambio de la adjudicación de una obra conocida como la carretera “Transoceánica”.

Inicialmente desvinculado del mega escándalo de corrupción, Alan García también ha sido investigado por supuesto tráfico de influencias por la concesión del metro de Lima. Por ahora, la justicia no ha fallado en su contra.

En marzo, después de un mes de negociaciones con la oposición fujimorista, Kuczynski renunció a la presidencia tras ser acusado por algunos parlamentarios de haber tenido nexos con la constructora cuando ejercía como ministro en el gobierno de Toledo. Sus bienes han sido confiscados y tiene prohibido salir del país, según El Comercio.

Más al norte, más al sur

En Ecuador, al principio, todo parecía una cacería de brujas de la administración entrante contra los funcionarios más cercanos a Rafael Correa. Luego, tras unos meses de investigaciones, Jorge Glas, en ese entonces vicepresidente de Lenin Moreno, fue acusado de asociación ilícita por recibir sobornos de Odebrecht cuando fungía como ministro de Sectores Estratégicos en el gobierno del líder socialistas, hoy también investigado por la justicia ecuatoriana por otras causas.

La Corte Nacional de Justicia, máximo ente judicial en Ecuador, lo sentenció a seis años de cárcel, tras comprobarse que había recibido 13,5 millones de dólares durante su gestión como Ministro, entre 2010 y 2012.

En Quito también se rumora que la constructora estuvo detrás de las campañas presidenciales tanto de la oposición como del oficialismo liderado por Correa, pero aún no se ha abierto una investigación formal al respecto.

Donde ha quedado clara la relación entre la constructora y las campañas políticas es en Brasil, donde las investigaciones han demostrado que Luiz Inácio Lula da Silva hablaba habitualmente con el máximo líder de la empresa, Emilio Odebrecht, sobre medidas provisorias y líneas de créditos, según Folha de Sao Paulo.

Lula da Silva ha sido condenado a nueva años de prisión por recibir un apartamento a cambio de negocios con la petrolera estatal Petrobras.

Los tentáculos de Odebrecht, como se le ha denominado al gran esquema de sobornos propagado por la constructora a lo largo del continente, llegaron hasta Centroamérica, donde el expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, ha sido acusado de recibir en 2008 1,5 millones de dólares. Ante las acusaciones en su contra, Funes ha huido a Nicaragua.

Volviendo a Suramérica, otros expresidentes también han sido acusados por sus nexos con esta empresa. En Argentina, funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner son investigados por sus vínculos con la constructora, entre ellas el primo del actual presidente, Ángelo Calcaterra.

No sin olvidar que, según las autoridades norteamericanas, uno de los países donde Odebrecht entregó más dinero fue Venezuela. Aunque no hay una investigación formal, la exfiscal Luisa Ortega Díaz ha dicho que la empresa le entregó a Maduro 35 millones de dólares en 2013 durante las elecciones en las que enfrentaba a Henrique Capriles, también señalado de haber recibido dinero de la multinacional.

Odebrecht sigue marcando la política latinoamericana con capturas como la de Keiko Fujimori y la apertura de nuevas investigaciones.