Esta semana estuvo marcada por las marchas estudiantiles a nivel nacional para exigir más recursos a las 32 universidades públicas en el presupuesto general de la Nación de 2019 y por el paro, al que el pasado jueves, entraron ocho de estas.

A raíz de estas marchas el coronel (r) Alfonso Plazas Vega se lamentó que se gastaran recursos públicos en la consulta del Partido Liberal en noviembre pasado para elegir su candidato presidencial; así como la consulta anticorrupción que promovió el partido Alianza Verde.

Plazas considera que estos recursos bien habrían servido para invertir en la financiación de la universidad pública que hoy los estudiantes exigen.

"¿No habrá posibilidad de que el Partido Liberal aporte a la educación pública 45.000 millones de pesos que derrocharon en una ridícula consulta? Y en la misma forma el partido Verde ex M-19, haga lo mismo con los 320.000 millones de la triste y corrupta consulta anticorrupción", mencionó el coronel (r).

Frente a estas afirmaciones, el presidente del partido Alianza Verde, Jorge Iván Ospina, le dijo a EL NUEVO SIGLO que “es imposible que alguien no conozca la importancia de evitar un estado fallido al luchar frontalmente contra la corrupción, motivación misional de nuestra consulta”.

Ospina añadió, que “el no reconocimiento de la misma, o lo hace prisionero de esos métodos o no lee la importancia de superar un país inundado por hechos corruptos en las Fuerzas Armadas, las Cortes, los municipios y departamentos, donde ya no alcanzan los nombres para colocarle un apellido a los distintos carteles que se destapan”.

Agregó el exsenador verde, que “no hay mejor plata invertida que la que evita que 50 billones de pesos se pierdan en las fauces de la corrupción”.

El desfinanciamiento de la universidad pública no es nuevo. Diagnósticos dicen que responde a una problemática estructural, pero que ahora habría llegado a un punto crítico. Una problemática que, salvo contadas excepciones, abarca un grave y progresivo desfinanciamiento, baja cobertura, aumento de deserción estudiantil, infraestructura física deficiente, indicadores regulares en calidad de la instrucción, débiles mecanismos de cualificación del recurso humano docente y equipos tecnológicos, pocos avances en posgrados y doctorados, y una dinámica muy pobre en materia de ciencia, investigación e innovación.

Los rectores, reunidos en el Sistema Universitario Estatal (SUE), advierten que hay un déficit histórico acumulado en funcionamiento de 3,2 billones de pesos y de 15 billones de inversión. Incluso en las últimas semanas urgieron al Congreso y el Gobierno un salvavidas financiero en el marco del proyecto de Presupuesto General para 2019, que está en discusión en las plenarias de Senado y Cámara.

Alertan los voceros de claustros públicos de educación superior que en dicha iniciativa no se contemplan incrementos reales para su funcionamiento y necesidades de inversión.