Off the record

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Campanazo a Robledo (I)

 

Preocupación causó en las toldas del petrismo que el  Consejo de Estado haya decidido admitir la demanda de control de nulidad electoral en contra de la representante a la Cámara Ángela María Robledo Gómez, quien llegó a la corporación legislativa para este periodo 2018-2022 por ser la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, que quedó en segundo lugar en la contienda presidencial. Según el demandante, la parlamentaria se encuentra incursa en la prohibición de doble militancia por cuanto resultó elegida para el período 2014-2018 como representante a la Cámara por Bogotá por el partido Alianza Verde y se inscribió luego por otra agrupación política como fórmula vicepresidencial para el período 2018-2022.

 

Campanazo a Robledo (II)

 

Eso sí, la Sección Quinta del alto Tribunal negó la adopción de una medida cautelar al considerar, que “a esta etapa del proceso no existe soporte probatorio que indique la presunta incursión de la representante en doble militancia que amerite el decreto de la suspensión provisional”. La parlamentaria ha insistido en reiteradas ocasiones que no hubo ninguna infracción y que la jurisprudencia del alto Tribunal de lo contencioso administrativo la respalda. Segundo gran revés para el petrismo en las últimas semanas, luego de que el anterior Consejo Nacional Electoral le negara la personería jurídica al movimiento de la Colombia Humana. Sin embargo, hasta la Procuraduría es partidaria de que sí se le otorgue ese estatus legal al partido de quien sumó más de 9 millones de votos en las presidenciales y le dio a Petro y Robledo sendas curules en el Congreso.

 

‘Palo’ a Ley de Garantías

 

En días pasados el auditor general Carlos Hernán Rodríguez Becerra rindió cuentas y en el marco de las mismas reveló varios datos interesantes, sobre todo ahora que se habla de reformas a todo nivel. Por ejemplo, sobre la Ley de Garantías Electorales, Rodríguez Becerra advirtió, "el incumplimiento de la citada norma, por cuanto la administración territorial suscribió un importante número de contratos con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley". Recalcó que del análisis realizado a la información reportada por las entidades territoriales, se encontró que entre el 27 y el 31 de enero del presente año, se celebraron un total de 86 contratos que superan los 3.146 millones de pesos.

 

Urge revisión

 

Tras poner sobre el tapete ese diagnóstico, el Auditor solicitó que se revise el estatuto de Contratación Pública y la utilidad real de la llamada Ley de Garantías electorales que, en la práctica, “se ha convertido en una invitación a contratar a la mayor velocidad posible, saltándose principios elementales de la contratación administrativa, como los de planeación, publicidad y transparencia". La Auditoría también se pronunció sobre el Plan de Alimentación Escolar (PAE) y dijo tener “serias reservas con el diseño que se ha propuesto para administrar estos recursos. Hay que mirar la eficiencia que en algún momento llevaba el Instituto de Bienestar Familiar en el manejo de estos programas”.

 

12 demandas

 

Pero el preocupante diagnóstico no se quedó ahí. Con relación al comportamiento de los Fondos de Bienestar de las contralorías territoriales, que han estado en el ojo del huracán por distintas denuncias de corrupción y malgasto, Becerra Rodríguez manifestó que a la fecha se han instaurado ante el Contencioso Administrativo, demandas de nulidad simple contra 12 de estos fondos, atacando principalmente la competencia en la iniciativa para la creación y su naturaleza jurídica.