Reto de regular opinión sobre planes extractivos

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El fallo de la Corte Constitucional en el que estableció, esta semana, que las consultas populares no pueden impedir las explotaciones mineras ni petrolíferas, también pide al Congreso de la República regular las formas de participación para que las comunidades sean escuchadas y lograr concertar con las autoridades la realización de estos proyectos.

En la práctica es volver a lo que se hacía. No obstante, expertos consultados consideran que en la norma que se expida lo más importante es que se le garantice a la población la suficiente información sobre alcances e impactos para que pueda tomar buenas decisiones.

El boom que se ha presentado en los dos últimos años con la realización de casi un centenar de consultas populares antiminería se explicaría en que hoy por hoy la población tiene una mayor conciencia ambiental y de los efectos que tienen sobre suelo, aguas y el aire la minería y la perforación petrolera.

Sin embargo, la Sala Plena de la Corte Constitucional determinó que las decisiones que tomen los ciudadanos en las urnas en las consultas populares no pueden impedir la realización en sus territorios de proyectos de minería y de hidrocarburos, pues la Nación es dueña del subsuelo y los mismos tienen interés nacional.

Así lo estableció el alto Tribunal al tumbar la consulta popular que hicieron los habitantes del municipio de Cumaral, Meta, resolviendo de esta forma una tutela que presentó la multinacional Mansarovar Energy invocando la protección de su derecho fundamental al debido proceso.

El exministro de Ambiente, Juan Mayr Maldonado, dijo a EL NUEVO SIGLO sobre la regulación que tendrá que hacer el Congreso en atención a este fallo de la Corte, que “ante todo un proceso de concertación necesita tener la misma calidad de información para poder tener una participación informada, una participación equitativa que permita que se pongan encima de la mesa todos los puntos de vista. Pero además que se cuente con información científica sobre los impactos que puede tener cualquier tipo de actividad en el subsuelo, porque impactos los hay, unas veces mayores, otras veces menores. Y obviamente ese tipo de información es fundamental para una toma de decisiones adecuada”.

El exministro añadió que percibe otro problema, y “es cuando no hay información adecuada ni divulgación de la información, entonces todos estos procesos se pueden presentar en algunos casos y de algunos sectores para tener posiciones políticas. Esto tanto a nivel nacional como local”.

Por su parte, Jhenifer Mojica Flórez, subdirectora de la Comisión Colombiana de Juristas y con amplia experiencia en el campo de los derechos humanos, en especial, derechos sociales y económicos, dijo a este Diario que “siempre hemos sido muy insistentes en el llamado de atención al Gobierno nacional que la agenda especialmente minera genere procesos que respondan a parámetros de concertación y consulta popular que están consagrados internacionalmente. Colombia siempre ha contestado que su único compromiso es con las comunidades étnicas en el marco del Convenio 169 con la OIT, lo cual excluye al resto de la comunidad que se pueda ver afectada por los distintos tipos de influencias o de efectos que tienen estos proyectos en la zona”.

Mojica añadió, que con esta oportunidad que “tenemos hoy puede ser tanto una oportunidad como un reto. Una oportunidad para que realmente haya una regulación de la consulta de manera que garantice esos mínimos estándares de consulta previa libre, informada, que permita a las comunidades tener acceso real a información científica sobre los proyectos, que permita acceder a la información de los proyectos, porque realmente hoy lo que ocurre es que las comunidades no conocen ni siquiera los proyectos ni los planes de manejo ambiental, ni los efectos y riesgos que tienen, salvo hasta que se presentan los riesgos”.

Agregó también que puede ser una oportunidad que permita “poder hacer un diálogo con los esquemas de ordenamiento territorial que tienen en los municipios y que esto dialogue con la realidades diferenciales que hay en cada zona. Pero también es el reto de que no se aproveche esa excusa para hacer una regulación que sea más restrictiva de los derechos de las comunidades en la toma de decisiones sobre lo que pasa en su territorio”.

 

Expresión democrática

En tanto que la exministra de Ambiente, Cecilia López, dijo a este Medio que “uno sabe que las sentencias de la Corte hay que respetarlas, pero me sorprendió porque va demasiado cerca con la línea del Gobierno que ha sido atacar las consultas populares. Y como ciudadana pienso que las consultas populares son una expresión de democracia, obviamente reguladas y evitar que haya excesos”.

Agregó López, que “aunque Colombia no es una potencia minera tiene minerales, y se tiene que buscar la forma de explotarlos, pero me parece que en un momento en donde el país está ampliando su democracia, me parece muy complicado para el país esta sentencia de la Corte”.

 

Ajustes

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo tras este fallo de la Corte que “es la oportunidad para revisar cómo se está adelantando todo el proceso de consulta popular y de consulta previa”.

No obstante, puso de presente que “es un derecho fundamental y el Gobierno es consciente de ello. Debemos buscar cuales son los términos de la sentencia de la Corte para podernos ajustar a ella”.

Por su parte, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Heriberto Sanabria, anunció que “voy a solicitar al Registrador, conforme al fallo, que se suspenda logísticamente la realización de esas consultas. No tiene ninguna lógica continuar haciendo consultas populares porque no van a tener ningún efecto”.