La conveniencia de que coincidan los periodos de las autoridades regionales y nacionales es cada vez más estimada por las diferentes bancadas, por lo que el proyecto sobre la materia que ya fue aprobado en primer debate tiene muchas probabilidades de reformar la Constitución, a pesar de las voces que manifestaron su incomodidad con el aplazamiento de las elecciones del próximo año.

Como lo informó este miércoles EL NUEVO SIGLO, la Comisión Primera de la Cámara aprobó el martes aplazar los comicios para que los actuales alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles se queden en sus cargos hasta 2022.

Se trata del proyecto de acto legislativo número 105 de 2018 Cámara, “por el cual se unifican las elecciones nacionales y locales, y se amplía el periodo de mandato”, acumulado con el proyecto de acto legislativo número 140 de 2018 Cámara, “por el cual se reforma el Artículo 261 y se dictan otras disposiciones”.

La iniciativa, que fue radicada el 22 de agosto por un grupo de congresistas conservadores entre los que se cuentan Laureano Acuña, Yamil Arana, Miguel Ángel Barreto, Germán Blanco, Nicolás Albeiro Echeverry, Nora García, Adriana Matiz y Juan Samy Merheg, busca unificar periodos de las autoridades regionales con las nacionales, y para armonizarlos pretende que las elecciones para unos y otros se efectúen en 2022.

Así, los elegidos en 2015 gobernarían siete años y no cuatro, tiempo para el que fueron elegidos.

Opciones

El representante por Atlántico, César Lorduy, de Cambio Radical, defendió el proyecto manifestando que es necesario aprobar que se unifiquen los periodos de alcaldes con el del Presidente para garantizar una coordinación en los planes de desarrollo.

Durante el debate, la Comisión negó la propuesta de la Alianza Verde que buscaba ampliar a cinco años los periodos de alcaldes, gobernadores, congresistas, Presidente y otros cargos de elección popular.

Además de ello se hundió la posibilidad de crear una transición para que la unificación de periodos empezara a operar desde 2028.

Está por verse si algunas de estos planteamientos pueden revivir en la plenaria de la Cámara o variantes de las mismas para lograr el propósito de armonizar los periodos sin prolongarle el lapso de gestión a quienes fueron elegidos en 2015.

“Yo como abogado y demócrata que soy, me opongo a que el Congreso se tome la función del pueblo de elegir a sus gobernantes", dijo el representante por Bogotá, Germán Navas, del Polo Democrático.

Ahora el futuro de esta iniciativa lo determinará la plenaria de la Cámara, en donde se hará el segundo debate. Se calcula que, a este ritmo, antes del 16 de diciembre esta reforma constitucional superará cuatro debates, quedando a mitad de camino para su aprobación definitiva.

En cambio, el representante por Bogotá, Inti Asprilla, de la Alianza Verde, acusó a los congresistas de "venezolanizar” la Comisión Primera por tomar decisiones sin la opinión de la oposición.

Asprilla sostuvo que la iniciativa terminaría beneficiando a alcaldes como el de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien entonces concluiría su periodo en 2022, cuando debería acabar el 31 de diciembre de 2019, señalando que es completamente “dictatorial y totalitaria” la forma en la que se aprobó.

“Estamos lanzando una alerta de una especie de ‘venezolanización’ del debate en el Congreso de la República, tanto en el contenido como en las formas”, dijo.

“Dique de contención”

Por lo pronto un grupo de congresistas de la coalición de gobierno (David Barguil, del Partido Conservador; Gabriel Velasco, del Centro Democrático; y Juan Felipe Lemos, de La U) e independientes (Rodrigo Lara, de Cambio Radical; y Fabio Amín, del Partido Liberal), se alió para impedir que avance la propuesta, con lo que seguramente algunas de esas bancadas se interpondrán, ya sea en el segundo debate que se hará en la plenaria de la Cámara o en su paso por el Senado.

Según Barguil, también hay varios representantes de acuerdo con frenar la iniciativa, “pero el llamado es a que distintas fuerzas políticas, de los distintos partidos, de distintas orillas ideológicas salgamos a defender la democracia”, no solo con ocasión de este proyecto, sino que sigan trabajando coordinadamente con otros temas.

"Uno no manosea la democracia, uno no juega con ella. Los alcaldes y gobernadores fueron elegidos para cuatro años. No se puede, con una ‘leguleyada’, romperle la columna a la democracia y quebrarla en Colombia", declaró Barguil, mientras que Amín precisó que la bancada liberal en la Comisión Primera del Senado está de acuerdo en que el proyecto no puede continuar, precisando que "se modificará si se puede corregir o se tendrá que hundir el texto, porque lo que no se puede permitir es que el espíritu de la norma se vuelva la extensión simple de un periodo".

“Nosotros queremos conformar un bloque, un dique de contención a este proyecto que busca alterar las reglas de la democracia en Colombia”, expresó el senador Lara, para quien cambiar el periodo para el que fueron elegidas las autoridades locales y regionales “es hacerle trampa a la democracia”.

A su turno, Velasco comentó, que “esta norma claramente impide que en las elecciones regionales puedan surgir liderazgos” que remplacen “las viejas y tradicionales estructuras políticas”, en lo que coincidió Lemos.