El primer cargo público desempeñado, siendo muy joven, fue de agente de la Seccional de Orden Publico en el Servicio de Inteligencia de Colombia, (SIC), renuncie a los 8 días cuando conocí las trampas que se patrocinaban para perseguir a los opositores del gobierno. Unos meses después reformaron esa dependencia y se creó el DAS, departamento que se disolvió en 2011. Lo mismo sucedió con el Instituto de Crédito Territorial, liquidado y reemplazado por el Inurbe y este fue sustituido por el Ministerio de Vivienda. También el Idema, creado en reemplazo del INA, se acabó durante el gobierno de Ernesto Samper. A otros departamentos administrativos se les ha mudado el nombre pero sus funciones no se han asegurado pulcramente. Así ocurrió con el Instituto Penitenciario y Carcelario, Inpec, creado en 1992 para sustituir la Dirección General de Prisiones y ahora se estudia su abolición, habida cuenta de la fuga de la señora Aída Merlano, no obstante que hace ya varios años, muchos, se viene denunciando el divorcio que existe entre la teoría del derecho penitenciario y la inconstitucionalidad del sistema practico en Colombia.

La realidad del sistema penitenciario la conocí desde muy joven. Mi abuela, Elba Suárez de Talero, prefirió servirles a los presos en la Cárcel Modelo antes que pertenecer a las beatas Hijas de María, por allá en el año de 1950. Lo que nos contaba eran dramas, muy similares a la película “El Jorobado” de 1923.  Mi mamá, Cecilia Talero de Navas se desempeñó como directora del frenocomio de la Cárcel de la Picota y Directora de la Cárcel Nacional de Mujeres; mi hermano Bernardo fue asesor jurídico de la Dirección de Prisiones. Pues bien,  todas estas vivencias, sumado a la experiencia que como agente del Ministerio Publico tuve en ese mundo, me sirvió de base para dictar la cátedra de Derecho Penitenciario y Carcelario, docencia que me confirmó lo que concluyo: una  función burocráticamente reñida con la resocialización  penal.

Esta fatalidad no es particular de Colombia. Si se investiga históricamente se descubre la realidad del derecho penal. Fue Cesare Beccaria, en 1764, uno de los más destacados denunciantes del “Derecho Penitenciario”: ninguna diferencia con la ley del Talión; también Michel Foucault, en 1975, descubre filosóficamente la desgracia del suplicio del derecho penal, demostrando que en estas épocas ya no se trata de martirizar el cuerpo sino el espíritu del condenado. Tortura mental.

En 1969 la Cruz Roja (CICR) llevó a cabo una investigación del régimen penitenciario colombiano, revelando, entre otros, el drama del hacinamiento, uno de los mayores desperfectos que la Corte Constitucional condena como caso inconstitucional.

La cátedra me demostró que la burocracia y el clientelismo es uno de los más profundo errores del sistema en Colombia, como lo es en la mayoría de la organización publica, es lo que hay que corregir, abolir. No el nombre, eliminar las lentejas de Esaú y la mermelada política.