Lupa a los servidores públicos que participan en política

Foto archivo El Nuevo Siglo
La prohibida intervención de funcionarios en actividades proselitistas superó esta semana al trasteo de votos en las quejas que llegan a la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel)

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Con el 12,23% de las quejas que llegan a la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel), la participación en política de funcionarios públicos superó esta semana al trasteo de votos como la denuncia más presentada.

Según el Ministerio del Interior, a 19 días de los comicios la Uriel ha recibido 3.460 quejas, de las que el 11,40% son por trashumancia electoral, el 8,7% por corrupción al sufragante, el 8,7% por constreñimiento al elector y el 8,10% por violación al régimen de propaganda electoral.

Otras infracciones reportadas son fraude en inscripción de cédulas, inscripción de candidatos inhabilitados, financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, tráfico de votos, violación al régimen de inhabilidades, doble militancia, conflicto de intereses y amenazas a candidatos. Según el Ministerio del Interior la mayoría de las quejas se han trasladado a la Fiscalía, al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Procuraduría.

Aparatos burocráticos

¿Por qué la participación en política de funcionarios públicos se volvió protagonista? Camilo Mancera, asesor político de la Misión de Observación Electoral (MOE), le dijo a EL NUEVO SIGLO que cada cuatro años se presenta este fenómeno que busca “mantener los aparatos burocráticos que se dan en cada uno de los municipios, desde las entidades del Estado y desde las administraciones municipales. Entonces para favorecer una campaña se usan figuras importantes al interior del municipio, como el Alcalde, secretarios para que hagan proselitismo a favor de un candidato y así disponer de recursos de la administración para favorecerlo. Así mismo, una de las conductas más recurrentes es que se presiona a los subalternos y a los particulares para que voten o para que apoyen una determinada candidatura”.

Según Mancera, en las elecciones locales es donde más se ve este fenómeno y “termina teniendo un impacto perverso dentro de cada uno de los municipios, en la medida en que nos encontramos en un país donde el 90% de los municipios son bastante pequeños y la mayor fuente de empleo es la administración municipal. El hecho de que se haga presión desde las administraciones como principal empleador termina teniendo una injerencia enorme sobre el proceso electoral. Este fenómeno se presenta porque es uno de los mecanismos más efectivos para lograr una alta votación”.

Zona de duda

Yann Basset, director del Observatorio de Procesos Electorales de la Universidad del Rosario, le expresó a este Diario que en la práctica es difícil saber qué se considera la participación de un funcionario en política y qué no.

“Es evidente que cuando hay dineros públicos que sirven para inaugurar algo y que participa un candidato ahí no hay duda que eso está prohibido, pero hay una zona complicada de duda, de margen de interpretación y hay actitudes que la gente no considera necesariamente participación en política. Hay siempre casos que generan controversia, por ejemplo el caso de Claudia Ortiz en Boyacá”, explicó.

El exregistrador delegado para lo electoral, Alfonso Portela, la manifestó a este Medio que “este fenómeno se presenta de manera recurrente porque muchos de los funcionarios públicos siempre piensan en la sobrevivencia de sus cargos y eso los hace vulnerables a que casi se vean obligados a involucrarse en temas políticos, porque se les convierte en una exigencia de que si no participan en el proceso electoral ponen en riesgo su estabilidad laboral”.

No se puede participar

Más allá de la discusión de por qué es frecuente esta práctica, se debe determinar si se puede permitir la participación en política de quienes detentan el poder. Mancera explicó que la participación en política está permitida en la Constitución, “pero esta debe estar regulada por una ley que no ha sido proferida y por eso es que la interpretación que hace la Corte Constitucional es que no se puede participar en política hasta que no se desarrolle esa ley; lo segundo es que el problema no está en que un Alcalde tenga un candidato por el que quiere votar, el problema es la utilización de los recursos para favorecer una campaña, y la utilización del cargo para favorecer la campaña. Es precisamente ahí a donde hay que mirar para que no se termine afectando la voluntad de los votantes”.

Según dijo, “lo que habría que hacer es regular de qué manera se puede participar en política, cuáles son las acciones permitidas para los funcionarios públicos y regular qué tipo de funcionarios pueden entrar a participar. Evidentemente las personas que hacen parte de la organización electoral, mecanismos de control o rama judicial tienen un veto completo. Habría que mirar los funcionarios con disposición presupuestal o algún cargo de autoridad, cómo se les regula o qué tipo de restricciones tendrían”.

En ese sentido, Basset consideró que no es grave que un Alcalde o una autoridad electa tome partido a favor de alguien “y diga que está a favor de un candidato. Lo que sí es mucho más problemático es que ponga el presupuesto que maneja al servicio de una candidatura. Eso sí no lo podemos permitir, porque esto afecta la equidad y la igualdad de los otros candidatos. Una cosa sería conocer la opinión de un mandatario y su preferencia en una contienda política, eso enriquecería el debate. Otra cosa es que haga campaña por un candidato, eso es lo que hay que determinar en la ley, ¿qué es hacer campaña por un candidato?”.

“Eso no se puede permitir”

Portela señaló que las prohibiciones ya están en la ley: “El estatuto disciplinario contiene lo que se puede y lo que no se puede hacer en una contienda. Las normas son claras en el aspecto de la participación en política, las prohibiciones y demás. No creo que requiera un ejercicio jurídico más amplio para establecer cuál es la regulación de los funcionarios públicos para que participen en política”.

Para Basset, permitir la participación en política de funcionarios públicos no implica reforzar el sistema de castas en Colombia, pues “por más que los alcaldes salientes o los gobernadores no digan sus preferencias, todos las conocen y eso termina siendo hipócrita, ese juego donde no pueden tomar partido. Lo que realmente es problemático no es saber las preferencias del Alcalde de turno. Lo que es problemático es hacer campaña a favor de alguien. Eso no se puede permitir”.

Cada vez que hay un proceso electoral en Colombia, anotó Portela, “nos decimos mentiras en el sentido de prohibir la participación de los funcionarios en política. Lo que se debe hacer es flexibilizar el asunto y poder tener unos escenarios donde se pueda vigilar cuáles son los alcances de la intervención en política de un funcionario. No llegar a los extremos de las prohibiciones que generalmente suelen no conducir a nada”.