Las noticias recientes de nuestro país se concretan a actividades de baranda judicial; sucesos judiciales cargados de emotividad, que no es lo más deseable para el acontecer nacional.
Sin lugar a duda, la espectacular escapada de la exsenadora Merlano todavía tiene hablando a los colombianos. Si hay un “estatus” peor que el de preso, es precisamente el de fugado; ¡siempre escondido, temiendo ser encontrado, sin poder dormir en paz, sin ver a los familiares y amigos, sin descontar tiempo para rebajar la pena! La persona que se fuga o está desperada por la reclusión o teme por su vida en la cárcel. No sabemos que motivo la fuga de la exsenadora, cuando parecía estar en régimen flexible en reclusión, con prebendas locativas y hasta de salidas extramurales. Ya llegaremos al conocimiento del real motivo de la fuga, que justifique el empeoramiento voluntario de su situación.
Quedó en evidencia, una vez más, el desastre que es el régimen penitenciario en nuestro país. Hace mucho tiempo clama a gritos la necesidad de reestructurarlo. El Inpec es un organismo que envileció y degradó el sistema. Las cárceles son unos antros de corrupción y de violación de los más elementales derechos humanos, donde no hay lugar para la resocialización. Cuando comprenderemos que el Estado es incapaz de ser un buen empresario, manjar todo el sistema carcelario en una inmensa empresa y desde hace rato se debió entregar su administración a especialistas eficientes. Estamos seguros de que, concesionando el sistema, se obtendrán grandes beneficios, sobre todos desde el punto de vista humano. Mas aprovechamiento de los recursos, menos hacinamiento, con resocialización, salubridad y seguridad, es lo que hay que buscar con el régimen penitenciario y es precisamente lo que no se ha podido lograr con el Inpec. La situación carcelaria en Colombia cada año es peor que el anterior.
La detención de la hija de la senadora parece un exabrupto judicial. Una joven, no sorprendida en flagrancia, que está amparada por la Constitución para no declarar contra su madre; detenida al parecer, por un video que no muestra nada sobre su participación, no deja de indicar que se trata de una presión indebida hacia su progenitora. La arbitrariedad judicial es peor que la delincuencia, pues el responsable es el Estado; quien es precisamente el llamado a proteger los ciudadanos.
También puso en vilo a la ciudadanía la indagatoria del senador Uribe, anunciada por la Corte Suprema de Justicia desde hace varios meses. Un proceso que enrostra la fragilidad de la prueba testimonial y la perversidad de un sistema que se fundamenta en premios por delaciones. Testigos que un día señalan una cosa y luego cambian al vaivén de sus intereses. Estamos seguros que la Corte Suprema actuará con la independencia debida, respetando los derechos fundamentales de los involucrados. Necesitamos recuperar la confianza en el sistema judicial; confiemos en que brille la justicia sobre cualquiera otro interés que se quiera atravesar en este asunto.