- Las disidencias de Farc, un problema mayor
- Desgastado debate entre resguardos y Fuerza Pública
La situación de orden público en el Cauca se continúa agravando. La masacre el martes pasado de cinco integrantes de la comunidad indígena del resguardo de Tacueyó, en zona rural del municipio de Toribio, no es un hecho aislado. Todo lo contrario, ese departamento ha sido escenario en los últimos tiempos de un aumento crítico en materia de violencia.
No hay que olvidar que fue en esa región en donde fue asesinada el mes pasado la candidata a la Alcaldía de Suárez, cuya comitiva fue interceptada por ilegales que la masacraron a ella y cinco acompañantes, incluso incinerando sus cuerpos dentro de la camioneta en la que se desplazaban. También ha sido en Cauca en donde se han presentado varias de las marchas de campesinos que se oponen a la erradicación forzada de cultivos ilícitos, movilizaciones que se sospecha habrían sido presionadas por grupos de narcotraficantes. Igualmente en esta área se ha denunciado de manera reiterada la creciente alianza macabra entre dichos carteles -que trabajan en asocio a las mafias mexicanas- con las disidencias de las Farc y la guerrilla del Eln, sembrando terror y muerte entre el campesinado y las comunidades indígenas. A ello se suma que este departamento también ha sido uno de los más afectados por la escalada de asesinatos de líderes sociales en el último año… Incluso, al comienzo de esta semana se generó un hecho grave por la muerte de un campesino del que sus allegados dicen que fue capturado vivo por efectivos militares, pero la Fuerza Pública lo reportó como abatido dentro de una operación antisubversiva. Dado lo confuso del caso se abrió una investigación penal para esclarecer lo sucedido…
Tanto en la masacre de Tacueyó, que incluso cobró la vida de una de las líderes de la comunidad Nasa, como en la de la comitiva de la candidata, así como en varios de los crímenes contra líderes sociales y otros actos de violencia, las hipótesis de las autoridades militares y civiles, los voceros sociales, del campesinado y los resguardos coinciden en que son las disidencias de las Farc las principales victimarias, teniendo como principal móvil la protección de actividades de narcotráfico y la eliminación de todo factor de oposición a este flagelo.
Por ejemplo, en el caso específico de lo ocurrido en Tacueyó se señala a la facción disidente ‘Dagoberto Ramos’, varios de cuyos integrantes habían sido detenidos por la Guardia Indígena, pero el resto de la cuadrilla fue a rescatarlos a sangre y fuego. Los propios voceros del resguardo sostienen que este grupo criminal ha venido atacando e intimidando a los Nasa y otras comunidades de la zona que se oponen a la expansión de los cultivos de marihuana y hoja de coca hacia sus territorios ancestrales.
Si bien es cierto que el presidente Iván Duque y la cúpula militar y policial se desplazaron ayer a Santander de Quilichao, en Cauca, para analizar la delicada situación de orden público, tras lo cual se activó un plan de contingencia para aumentar la operatividad de la Fuerza Pública en esta zona y todo el departamento, hay que ser realistas: desmantelar la alianza macabra entre narcos, disidencias de las Farc y Eln no será nada fácil. Se requiere una mayor eficiencia de las autoridades en materia de Inteligencia y presencia permanente en el territorio, así como de una coordinación más proactiva entre los alcaldes, la Gobernación, los mandos castrenses y los líderes de las comunidades indígenas y campesinas.
En este último aspecto es clave que los líderes de los resguardos entiendan que seguir restringiendo la entrada a sus territorios de la Fuerza Pública estatal lo único que genera es un mayor nivel de riesgos de ataque a la Guardia y los propios indígenas, ya que los grupos criminales actúan con sevicia indiscriminada, violando todos los derechos humanos y sin importarles en lo más mínimo la autonomía de estas zonas ancestrales. Es más, aprovechan el límite a la operatividad allí de las Fuerzas Militares y de Policía para sembrar más cultivos ilícitos. Este es un debate que siempre se registra tras este tipo de masacres y, lamentablemente, nunca avanza. Los líderes indígenas y la Fuerza Pública se cruzan los mismos señalamientos y culpabilidades. Al final, como se dijo, no pasa nada, y simple y llanamente la discusión vuelve a surgir cuando se presenta otro hecho de violencia, que ahora son más recurrentes no solo en el Cauca, sino en Nariño y otras zonas en donde existen resguardos.
Debe entenderse que es responsabilidad de todos acabar con este desangre, y en ello no puede haber dudas ni excusas. La desconfianza entre comunidades indígenas y Estado solo beneficia a los criminales y aumenta la victimización de los civiles de toda índole.