La violencia contra los liderazgos sociales, indígenas y afrodescendientes fue mucho más letal en el primer semestre de 2020, de acuerdo con el más reciente informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) que registró 32 agresiones.
De ellos, dice la MOE, 12 ataques fueron contra líderes afro y 20 contra líderes indígenas, pero “lo que más preocupa” ha sido “la letalidad” de las agresiones, pues en 58% de los ataques contra líderes afro terminaron en cinco crímenes, mientras que contra los indígenas la letalidad fue del 70%, 13 asesinatos.
La MOE señala que donde más se concentró esta violencia en lo corrido del año fue en los departamentos de Cauca, Chocó, Antioquia y Valle del Cauca donde se concentraron el 54,8% del total de las agresiones.
“En el departamento del Cauca fue donde se presentaron más hechos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales en el país. Durante el primer semestre de 2020, sucedieron 45 hechos, los cuales se concentraron principalmente en los líderes indígenas, seguido por los líderes campesinos”, explicó Alejandra Barrios, Directora de la MOE
Otro aspecto se relaciona con la confrontación abierta entre las ‘Autodefensas Gaitanistas’ y el ELN en el departamento del Chocó, incluso durante la cuarentena, lo que generó desplazamientos y confinamientos en poblaciones indígenas y afro de esta región.
Para la MOE, en el primer semestre de 2020 aumentó la letalidad de las agresiones al punto de que el número de asesinatos contra líderes sociales creció en 85% al pasar de 28 asesinatos en 2019 a 52 en 2020, mientras las amenazas en el mismo periodo disminuyó en 24%.
El estudio señala un desbordado aumento en cuanto a asesinatos de líderes sociales étnicos en el departamento como el Cauca (250%) al pasar de seis en 2019 a 21 en 2020); Córdoba (400%) pasó de un crimen a en 2019 a cinco en 2020); Bolívar (150%) subió de dos asesinatos en 2019 a cinco en 2020); Putumayo (200%) que en 2019 registró un asesinato contra tres en 2020); Norte de Santander (33%) que subió de tres a cuatro.
Con respecto a los líderes comunales, en lo que va de este 2020 se han presentado 35 hechos de violencia, que representan un aumento del 13% respecto de los 31 hechos registrados en el mismo periodo de 2019.
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Destaca el análisis que 60% de los hechos reportados fueron letales (asesinatos o atentados), lo que pone a estos liderazgos en una situación de riesgo particular, especialmente a los presidentes de Juntas de Acción Comunal –JAC–, pues 18 fueron víctimas de algún hecho de violencia, 9 de ellos (el 50%) fueron asesinados.
“El departamento que más llama la atención es Antioquia, puesto que ahí se han registrado seis asesinatos contra líderes comunales, de los cuales cuatro se concentran en el Bajo Cauca. Esto representa un aumento del 300% de asesinatos al pasar de uno en 2019 a cuatro en 2020”, agrega el documento.
También resalta la situación que se presentó en el departamento de Putumayo, particularmente el municipio de Puerto Guzmán, donde se asesinaron tres exmiembros y miembros de las JAC.
De los 35 hechos de violencia contra líderes comunales, 24 de ellos (68,6%) fueron perpetrados en 9 de los 16 territorios PDET, y de ellos 15 hechos (68%) terminaron en asesinato.
Igualmente, se advierte que de los 109 municipios donde se han reportado hechos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales en lo corrido del 2020, en 67% de ellos (73 municipios) hay presencia de al menos un grupo armado ilegal, mientras que 75,2% de los hechos letales fueron perpetrados en localidades donde hay alta presencia de tales grupos.
La MOE formuló un llamado de atención para que se reinicien los diálogos entre el Gobierno y el Eln. “Su presencia en al menos 20 departamentos del país, y su capacidad de afectación a la población civil, deberían ser suficiente razón para reanudar los acercamientos y buscar un cese bilateral y definitivo al fuego”, se afirma.
No obstante, reclama del grupo armado ilegal “un compromiso para detener el reclutamiento forzado de menores de edad, el secuestro, y liberar a las personas que tienen en cautiverio”.
Y en cuanto a las disidencias de Farc, en el periodo de estudio disminuyó el número de acciones violentas en 11%, comparado con el mismo periodo del 2019, teniendo en cuenta que este año se cometieron 73 acciones mientras que el año anterior fueron 82.
Barrios concluyó que “resulta indispensable transitar hacia un concepto de protección colectiva, adicional a la individual, que permita hacer más eficientes las acciones y atender de mejor forma los fenómenos de violencia hacia los liderazgos étnicos, que acechan al país”, afirmó Barrios.