Corte Suprema condena a jueza de caso Mattos por sobornos

Foto archivo ENS

La jueza Ligia del Carmen Hernández fue condenada a 20 meses de cárcel por haber recibido dinero para tomar una decisión que beneficiaba al empresario Carlos Mattos. La jueza se desempeñaba como jueza 16 civil municipal de Bogotá, cargo que usó para beneficiarse económicamente.

La magistrada habría recibido 3 entregas de dinero cuyo monto ascendería a los $150 millones.

Sin embargo, la condena admitió solamente un soborno por $30 millones que la jueza devolvió dentro del proceso. La Corte así mismo compulsó copias a la Fiscalía para que se investigue si el dinero restante recibido por la jueza corresponde a otros delitos.

Con doble nacionalidad española y colombiana, Mattos se había refugiado en abril de 2018 en España alegando un delicado estado de salud y meses después fue reclamado por la fiscalía de su país por un supuesto soborno a funcionarios judiciales para ganar un pleito.

El caso corresponde a una demanda de Hyundai Colombia (de la cual Mattos era el mayor accionista) contra la surcoreana Hyundai Motor Company para impedir que la multinacional comercializara automóviles y repuestos con empresas distintas a la suya.

Según la documentación judicial tramitada por la fiscalía colombiana, el soborno se elevaría a 200 millones de pesos (unos 54.000 dólares).

El empresario actualmente se encuentra en España y pese a que su extradición fue pedida, el país frenó el proceso. El Tribunal Constitucional español anuló  la extradición hacia Colombia del empresario Carlos Mattos al entender que se había vulnerado su derecho "a un proceso con todas las garantías", indicó este tribunal.

En junio, la Audiencia Nacional, encargada de los procesos de extradición en España, había aprobado la entrega de este empresario colombiano acusado de pagar sobornos a funcionarios judiciales para ganar un pleito contra la multinacional surcoreana Hyundai.

La extradición, que todavía no había recibido el necesario visto bueno del gobierno español, quedó en suspenso por un recurso de amparo presentado por Carlos Mattos ante el Tribunal Constitucional, que le dio ahora la razón.