* Se fortalecen gobiernos autoritarios
* Los retos de la asamblea de la OEA
La cuestionada e ilegítima reelección de Daniel Ortega en Nicaragua el domingo pasado no hace más que confirmar que la nación centroamericana continúa sometida a un régimen autoritario y dictatorial. Precisamente por lo mismo es que la comunidad internacional, salvo muy pocos países, ya advirtió que no reconocerá este cuarto y espurio mandato del cuestionado dirigente de izquierda y, por el contrario, insiste en la necesidad de que se lleven a cabo comicios libres, transparentes y con garantías para todos sectores políticos.
Lamentablemente, la actitud desafiante e incluso insultante de Ortega y compañía pone de presente que la posibilidad de un pronto retorno a la democracia en Nicaragua es muy remota. Una circunstancia que resulta aún más grave si se tiene en cuenta que en Venezuela y Cuba también rigen gobiernos de corte autoritario desde hace muchos años, pese a las múltiples condenas y sanciones de tipo político, diplomático y económico por parte de la comunidad internacional y organismos multilaterales como Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y otras instancias de carácter transnacional.
En ese orden de ideas, la persistencia de esta clase de regímenes en nuestro continente se constituye no solo en una grave mácula para la democracia, que condena a la pobreza, la violencia y la violación de derechos humanos sistemática a los habitantes de esos tres países, sino que está sentando un peligroso precedente perverso respecto a posibles intentonas para romper el orden institucional en otras naciones del hemisferio occidental.
Este debe ser uno los asuntos prioritarios entre los análisis que debe hacer la asamblea general de la OEA que, precisamente, comenzó ayer en Guatemala, obviamente en medio de un ambiente tenso en donde cancilleres, analistas y la ciudadanía de casi todas las naciones se cuestiona sobre la capacidad real de ese organismo cuando se avanza ya en la tercera década del siglo XXI sin que haya sido posible sacar del poder a gobiernos dictatoriales que se escudan en burdas fachadas democráticas, algunas propias de las tristemente célebres épocas de las llamadas “repúblicasbananeras” en América.
No pocos analistas han advertido que la falta de eficacia de las sanciones adoptadas por el ente continental contra los gobiernos autoritarios de Caracas, Managua y La Habana, evidencian la debilidad en la aplicación de la Carta Democrática, que es el instrumento principal del sistema interamericano para propender por el respeto a los cánones democráticos y la vigencia de los derechos humanos.
Por ejemplo, hace escasos meses la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a petición de Colombia, dejó en claro que la reelección indefinida no puede considerarse en modo alguno un derecho humano ni una garantía fundamental. Lo hecho por Ortega, quién encarceló a siete candidatos presidenciales así como a líderes políticos, voceros gremiales y periodistas, es un claro desconocimiento de esa jurisprudencia, pero no por ello el régimen centroamericano echó marcha atrás. Todo lo contrario, en una actitud abiertamente desafiante, intensificó las maniobras de represión contra todo factor que se opusiera a que siguiera enquistado en el poder otros cuatro años más.
¿Qué evitará qué en otros países en donde hay sectores radicales de distintos espectros políticos se tome como ejemplo la impunidad en que perviven estos gobiernos autoritarios y se busque también perpetrar golpes de estado a la vieja usanza o maniobras antidemocráticas para afectar a las autoridades legítimamente instituidas? Esa es la pregunta que no solo la asamblea general de la OEA debe responder, sino toda la comunidad internacional.
Obviamente no se puede desconocer que detrás de la permanencia en el tiempo de los regímenes cubano, venezolano y nicaragüense hay un componente geopolítico muy marcado. Y la principal prueba de ello es que las potencias aliadas de esos tres gobiernos son las mismas. Sin embargo, como se dijo, el problema ya no solo se refiere a la ausencia de democracia en las tres naciones antedichas, sino en la forma en que esta circunstancia se constituye una amenaza para los demás países del continente, sobre todo en momentos en que la crisis social y económica derivada de la pandemia sirve de caldo de cultivo a los líderes y movimientos de corte populista sectarios, cuyo discurso se dirige principalmente a plantear la demolición de los estados de derecho y desconocer la institucionalidad.
Habrá que esperar a las conclusiones de esta nueva asamblea de la OEA. Parecería claro que limitarse a descalificar de nuevo a Ortega o Nicolás Maduro se queda corto frente a lo que exige la complicada situación. En modo alguno, claro está, se puede proceder a una solución de fuerza o que lesione la soberanía de cualquier nación del continente. Pero lo que es claro es que las meras resoluciones condenatorias ya no tienen el más mínimo efecto.