Sigue en vilo la suerte del proyecto que ratifica la adhesión de Colombia al Acuerdo de Escazú sobre acceso de la ciudadanía a la información y toma de decisiones en materia ambiental.
Este Diario habló con el senador conservador Juan Diego Gómez, presidente de la Comisión II, quien explica por qué la coalición gobiernista tiene dudas sobre un proyecto que fue radicado por la Casa de Nariño y tiene mensaje de urgencia.
EL NUEVO SIGLO- ¿Cómo va el proceso para la realización de las audiencias públicas que determinó la Comisión como paso previo para seguir el trámite y aprobación del proyecto?
JUAN DIEGO GÓMEZ:- En Norte de Santander el próximo martes se abren las inscripciones para todas las organizaciones ciudadanas que quieran participar. Una vez tengamos ese proceso, que creería que es el próximo viernes, definimos la fecha de la audiencia, que podría ser el día siguiente hábil, es decir el lunes o martes de la subsiguiente semana.
ENS:- ¿Y la otra audiencia?
JDG:- La primera será en Cúcuta y estamos definiendo la segunda entre Medellín, Ibagué y Neiva.
ENS:- Ya entrando al fondo del proyecto, hay algunas voces de expertos que consideran que el Acuerdo se podría aprobar pero haciéndole algunas reservas ¿Eso es posible?
JDG:- No, un Acuerdo internacional de estas características se aprueba o no se aprueba. No hay reservas.
ENS:- No pocos sectores advierten que el gobierno Duque presentó el proyecto de ratificación del Acuerdo, le puso mensaje de urgencia pero que es la propia coalición gubernamental la que le pone trabas ¿Es así?
JDG:- Es verdad, el Gobierno trajo el proyecto, le puso mensaje de urgencia a través del ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, y la del Interior, Alicia Arango, pero lamentablemente las bancadas no han recibido de buena manera el contenido del Acuerdo, no tanto por el texto de los artículos, sino porque hay dos elementos allí que son de gran preocupación para la coalición de gobierno.
El primero de ellos tiene que ver con que la izquierda quiere insistir en la aprobación del Acuerdo pretendiendo que existe en Colombia una persecución a los líderes ambientales a través del Gobierno y de la empresa privada, una cohonestación. Y segundo, por la gran preocupación que existe frente a la interpretación que cualquier juez de un municipio le pudiera dar a este asunto.
ENS:- ¿Qué tan ciertas son las advertencias de algunos sectores en torno a que vía el Acuerdo de Escazú se podrían frenar e incluso paralizar de forma definitiva muchos proyectos de desarrollo e infraestructura?
JDG:- Es una de las preocupaciones que existe pero creo que sobre eso no deberíamos hablar los legisladores, sino que sobre ese tema debería pronunciarse de fondo el sector productivo: Cámara Colombiana de la Infraestructura, Cámara Colombiana de la Minería, la SAC (Sociedad de Agricultores de Colombia) y todos los sectores que hacen parte del Consejo Intergremial. Son ellos los que se tienen que pronunciar, no el Congreso porque este no tiene representantes de estos sectores.
ENS:- El Partido Conservador es, desde sus inicios, incluso desde el gobierno de Misael Pastrana y el Código de Recursos Naturales, un abanderado del medio ambiente ¿Cuál es hoy la postura oficial de la colectividad frente al Acuerdo de Escazú?
JDG:- No la tenemos, lamentablemente el Acuerdo no se ha llevado a una reunión de bancada, no le hemos debatido de fondo en el Partido. Mi posición, la de Juan Diego Gómez, que soy presidente y miembro de la Comisión II del Senado, es que quisiera votar que sí pero hay grandes preocupaciones de fondo en el sector productivo y de la coalición de gobierno frente al articulado. Quisiera poder debatir, a través de los foros, y ampliar la discusión.
ENS:- Hay quienes consideran que lo mejor sería que el proyecto pasara a las plenarias y que allí se tome la decisión definitiva con las voces de todos los partidos ¿Qué considera?
JDG:- Es una posición válida pero los proyectos de ley tienen un procedimiento y este es que primero pasan en la Comisión y es donde queremos ampliar la discusión y el debate, y si aquí pasa el primer debate podría llegar a esa instancia. Sin embargo, creo que lo más sano para el Acuerdo es que llegue a las plenarias y podamos discutirlo y debatirlo allá.
ENS:- ¿Hay algún riesgo de tiempos para el proyecto? ¿De hundimiento?
JDG:- No, absolutamente, los acuerdos no tienen fecha de vencimiento, lo podríamos aprobar en el 2020, el 2021 o el 2022 sin ningún problema. Lo importante es que el Congreso actual lo decida y el Gobierno también fije su posición, y que el sector productivo también lo pueda hacer.
ENS:- Algunos juristas han advertido que se podría presentar un conflicto en el bloque de constitucionalidad entre lo que manda el Acuerdo y lo que establece la legislación interna ¿Existe ese riesgo o es un debate un poco difuso?
JDG:- Tengo algunas dudas sobre ese tema pero si así fuera y ellos tuvieran razón, habría que hundir el Acuerdo, y creo que ese no es el camino.
Abecé del Acuerdo
Luego de varios años de negociaciones, en marzo de 2018 se aprobó el primer tratado ambiental para América Latina y el Caribe: el Acuerdo Regional de Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Materia Ambiental, conocido como Acuerdo de Escazú.
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El pacto desarrolla estos tres derechos y tiene como objetivo promover una mejor gobernanza de los recursos naturales en la región. Escazú reconoce derechos especiales a los defensores de los derechos humanos ambientales, los pueblos indígenas y las poblaciones vulnerables para favorecer su acceso a la información, participación y acceso a la justicia.
El tratado tiene como uno de los principales focos de atención las disputas en la región amazónica, donde las poblaciones demandan una mayor participación en la toma de decisiones, desde las etapas de planificación sobre cualquier actividad de explotación de recursos naturales que se pretenda realizar.
Por otra parte el acuerdo busca proteger a los defensores de derechos ambientales que, según el informe más reciente de Global Witness, de los 207 asesinatos documentados en todo el mundo en 2017, el 60% tuvo lugar en América Latina.
¿Cómo va la ratificación?
El Acuerdo de Escazú fue firmado por 24 países y requería de once ratificaciones para entrar en vigor, número que se consiguió el 6 de noviembre pasado con la revalidación de México.
Desde el 27 de septiembre de 2018, día en el que se abrió el proceso de firma, el acuerdo fue suscrito por 16 países y Guyana se convirtió en el primer Estado en ratificarlo el 18 de abril de 2019.
Durante los meses siguientes países como Bolivia, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, y Uruguay también procedieron a su ratificación.
Finalmente durante 2020 el Acuerdo ha sido ratificado por Antigua y Barbuda, Argentina, Ecuador, Panamá, Nicaragua y México, con el que se completaron los once necesarios para lograr que entrara en vigor.
A finales de septiembre pasado, el gobierno del presidente Sebastián Piñera, de Chile, anunció que no lo ratificaría, decisión que causó sorpresa y desazón entre ambientalistas sobre todo porque ese país fue uno de sus grandes promotores. Chile argumentó que las razones para apartarse del pacto obedecían a que podría exponer su soberanía en tribunales internacionales en momentos en los que sostenía un litigio ante la Corte Penal Internacional con Bolivia por la salida al mar de este último.
Esa misma semana el parlamento de Argentina aprobó su ratificación, restó importancia a los temores de Chile y al respecto aseguró que Escazú “se trata de un acuerdo regional que busca proteger los derechos de acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales” y no busca inmiscuirse en conflicto limítrofes.