Fueron anulados los beneficios por desfalco a la Triple A

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El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla revocó los beneficios por aceptación de cargos de Édgar Rafael Piedrahíta Hernández y Héctor Enrique Amarís Piñeres, procesados por enriquecimiento ilícito de particulares, administración desleal y falsedad en documento privado, por no haber pactado el reintegro de más de $24.000 millones de la Triple A, recursos de los que se habrían apropiado de manera irregular.

La decisión del Tribunal se dio tras una solicitud de la Procuraduría General de la Nación al considerar que Piedrahíta Hernández es procesado por tramitar en nombre de Recaudos y Tributos S.A., al menos 54 órdenes de pago por valor de $23.379 millones que corresponderían a servicios inexistentes.

Mientras, a Amarís Piñeres, representante de Iarco Ltda, se le juzga por nueve facturas de transporte de residuos sólidos en esa capital sin que al parecer se hubiera prestado el servicio que se facturó en $1.350 millones, recursos que habrían sido entregados a Ramón Navarro Pereira, exgerente de la Triple A.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla tuvo en cuenta los argumentos del Ministerio Público, que en su condición de apelante único, advirtió que en los casos de allanamiento de cargos y preacuerdos “cuando se trata de conductas ilícitas en las que el procesado obtuvo un incremento patrimonial para sí o para otros es requisito necesario la devolución de la mitad del valor apropiado y además garantizar el recaudo del monto restante.

El organismo de control señaló que el cumplimiento de las exigencias previstas en el art. 349 de la Ley 906 de 2004, constituye un requisito de procedencia para los casos donde el sujeto activo hubiese obtenido un incremento patrimonial para sí o un tercero como resultado de la conducta punible, que para el caso lo sería la del Enriquecimiento Ilícito de Particulares. 

En su decisión el magistrado de la Sala Penal, Luis Felipe Colmenares Russo, señaló que más allá de reconocer su culpa, los acusados en ningún momento llegaron a algún tipo de acuerdo para devolver los millonarios recursos de los que se habrían apropiado.

Para el Tribunal no existen dudas de que en los casos de juzgamiento de conductas relacionadas con delitos como el enriquecimiento ilícito se debe cumplir con la ley y la jurisprudencia.