* Debate amplio a proyecto de seguridad y convivencia

* Ajustes a los códigos deben ser coherentes y efectivos

 

Tras varios meses de estudio y socialización  por fin el Gobierno radicó ante el Congreso el proyecto de ley llamado de “seguridad y convivencia” que busca dotar a la Fuerza Pública, la Fiscalía y los jueces de herramientas más efectivas para combatir el aumento de los delitos de alto impacto en el último año, sobre todo en zonas urbanas.

Luego de la racha de paros, bloqueos, asonadas, vandalismo e incluso actos de terrorismo que se registró entre abril y junio así como del aumento de homicidios, hurtos con violencia y otros conductas delictivas en lo corrido de este año, se venía urgiendo al Ejecutivo que procediera a aplicar ajustes de fondo a los códigos Penal, de Procedimiento Penal así como de Policía y Convivencia Ciudadana.

La iniciativa radicada el miércoles pasado va en la dirección de atacar varios de los fenómenos delincuenciales más complicados. De un lado, agravan las penas por hurto con el fin de evitar la excarcelación automática de los procesados por este delito. La condena será sustancialmente más drástica si durante la conducta ilegal se utilizan armas de distinto tipo o se hiere o asesina a las víctimas. También se dota a fiscales y jueces de herramientas normativas para combatir la reincidencia criminal, restringiendo para ello las opciones de excarcelación, libertad condicional o prisión domiciliaria. Esto debería poner fin a ese ‘carrusel de impunidad’ de criminales que entran y salen varias veces de la cárcel en un corto lapso.

Para castigar de forma más eficiente a los grupos armados ilegales y especialmente a los vándalos que incitan o protagonizan actos violentos ajenos a la protesta social pacífica, el proyecto plantea varios ajustes penales. Por ejemplo, se elevan las condenas por atacar o asesinar miembros de la Fuerza Pública así como por producir daños en bien ajeno, especialmente en infraestructura de transporte público masivo o instalaciones militares o de Policía. Estas conductas tampoco serán excarcelables y tendrán agravantes cuando sus autores empleen máscaras o elementos similares para ocultar la identidad. En otras palabras, se busca atacar el flagelo de los “encapuchados”.

A todo lo anterior se suman los aumentos de castigos por porte ilegal de armas así como una nueva dimensión, más garantista para la víctima, al  momento de ejercer el derecho a la legítima defensa ante casos de robo en residencia, dependencias inmediatas, propiedad comercial cerrada al público o vehículo ocupado.

Si bien es cierto que el articulado fue presentado y consensuado con alcaldes, gobernadores, Fiscalía, rama judicial y otros sectores del país, el Congreso debe propender por el más amplio debate posible. Debe convocarse para los efectos al Consejo Superior de Política Criminal, allanar la participación de las altas cortes judiciales, pedir los conceptos de la academia y evaluar los impactos de una mayor población de reclusos, entre otros aspectos.

Esta reforma, como se ve, va más allá de un simple aumento de pena, la restricción de excarcelaciones o más castigos al vandalismo. Lo que plantea es un nuevo enfoque de la legislación punitiva para enfrentar tipologías delictivas de distinta índole. Es imperativo asegurarse de que los ajustes a los códigos sean coherentes, proporcionales y, sobre todo, que se ajusten a la jurisprudencia de los altos tribunales para evitar posibles fallos de inexequibilidad en el futuro. Un revés de estas características sería muy grave, sobre todo para esa gran masa de colombianos que a diario sufre el embate de los delincuentes, tanto nacionales como extranjeros. Los recurrentes -e igualmente delictivos- casos de ‘justicia por propia mano’ son un reflejo del desespero poblacional.

Aunque es entendible que la iniciativa haya llegado con mensaje de urgencia a bordo, no por ello la discusión de un tema tan delicado y de semejante impacto público puede apresurarse. Igual, por más distractora que sea la campaña electoral, senadores y representantes deben comprometerse a dar un debate serio y ponderado a la reforma penal planteada. No es dable, tampoco, que en aras de ganar algún eco mediático o posicionamiento proselitista se caiga en propuestas de populismo punitivo o planteamientos que faciliten la impunidad o privilegien los derechos de los victimarios sobre los de las víctimas…

Que se abra, pues, este debate sobre los ajustes a la legislación penal requeridos para frenar los picos de inseguridad urbana y rural. Sin duda, es la iniciativa más importante en los cuatro meses efectivos de sesiones que le restan a este Congreso.