Hoy la Comisión Séptima del Senado adelantará una audiencia pública sobre el proyecto 123 de 2017 Cámara – 193 de 2018 Senado, “por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la dignificación del trabajo de la población rural en Colombia y el establecimiento de un piso de protección social mínimo” que está para tercer debate en esa célula legislativa.

A la realización de la audiencia se comprometieron los ponentes del proyecto, los senadores Gabriel Velasco, del Centro Democrático, y Alberto Castilla, del Polo Democrático.

Al socializar el certamen, el senador Velasco sostuvo en sus redes sociales que la iniciativa “busca alcanzar cobertura de los mínimos riesgos asociados a su actividad”.

Sin embargo, el sindicalismo y las asociaciones campesinas han expresado varios reparos al proyecto.

La semana pasada en el Capitolio se realizó un encuentro previo en el que Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), manifestó su preocupación por la forma como el Gobierno pretende afrontar los graves problemas de informalidad laboral, que superan el 60%. “No quiere ir a las causas de este fenómeno y combatirlo, sino todo lo contrario: volver ley esa informalidad”, dijo.

Para Orjuela, superar la informalidad en el campo pasa por promulgar leyes y programas que tiendan a subir la producción agropecuaria del país, que actualmente importa al año 14 millones de toneladas de alimentos. Ello generaría entre 4 y 5 millones de empleos formales, y un crecimiento económico ligado al incremento de los salarios y por ende mayor capacidad de compra.

En dicho encuentro, Edwin Maldonado, asesor del senador Velasco, explicó que el proyecto busca que el 87% de los trabajadores agropecuarios que no cotizan al sistema, y solo tiene salud subsidiada, tengan la posibilidad de tener protegidos los riesgos a accidentes, vejez y muerte a través del Seguro Inclusivo Rural, y que podrán tener mayor cobertura en la medida que el ahorro lo permita, reconociendo que la iniciativa no abarca a todos los trabajadores rurales, solo a los agropecuarios, que son solo 33% de la fuerza laboral rural.