EL NUEVO SIGLO: ¿En qué consiste el proyecto de ley que usted presentó?

RODRIGO LARA: Es retomar una iniciativa que tuvo la Fiscalía en el 2016 de crear la figura de fiscal ad hoc cuando se presentan circunstancias de esta naturaleza.

Presenté dicha ley porque yo creo que existe un vacío legal al respecto y hay que llenarlo.

El Fiscal General en 2016, luego de un autoexamen, estimó que estaba inhabilitado para adelantar cualquier tema respecto a lo de Odebrecht. Lamentablemente el marco jurídico sobre ese tema no permite la designación de un fiscal ad hoc, por eso presentó la ley.

ENS: ¿Por qué no hizo trámite en su momento?

RL: Por un concepto negativo del Consejo de Política Criminal, que es el máximo órgano rector de la política criminal en el país, que estimó que era improcedente y no había lugar dado de que el Fiscal solo se puede declarar impedido cuando tiene casos bajo su conocimiento, no en abstracto.

Entiendo los motivos, son válidos los que ha esgrimido el Consejo de Política Criminal, pero de pronto no tuvo en cuenta el contexto, en este caso el hecho tan grave como lo de Odebrecht.

ENS: ¿Cómo es eso de no poder declararse impedido en abstracto?

RL: Que el Fiscal no podía declararse impedido en abstracto, sino respecto a un caso específico, porque cuando un fiscal conoce una investigación, el fiscal no es un superior jerárquico. El fiscal que conoce la investigación dentro de la Fiscalía es autónomo e independiente. No obstante, para enviar un mensaje a la población en general de distanciamiento y respecto a Odebrecht, el fiscal presentó ese proyecto de ley y yo lo quiero retomar.

ENS: ¿Cómo garantizar que en esta oportunidad sí tenga éxito?

RL: Con dialéctica, convenciendo a los compañeros de la importancia del mismo y creo que estamos en un contexto que lo justifica.

ENS: ¿Tendrá el apoyo de los demás partidos?

RL: Sí, eso espero y para ello voy a trabajar.

ENS: A propósito de Odebrecht, ¿cuál es su denuncia con respecto a la actuación de la Superindustria?

RL: En efecto, la empresa Odebrecht está hoy demandando al Estado colombiano por casi $3 billones, el doble de lo que adicionó el presidente Duque para estos cuatro años a las universidades públicas.

La desfachatez de Odebrecht de demandar al Estado colombiano se da gracias a un gigantesco favor que les hizo el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo. En una situación como esta, de corrupción, la ANI debía haber sancionado a Odebrecht con la caducidad, es decir con la terminación del contrato, y la inhabilitación de esa empresa y la prohibición de reclamar indemnización al Estado.

No obstante, el exsuperintendente con extraña celeridad un mes y medio después de haber estallado en escándalo emitió una medida cautelar que se extralimitó en su objeto, en donde le ordenaba al director de la ANI que diera por terminado el contrato por una supuesta nulidad.

El problema está en que si el contrato se termina por una supuesta nulidad Odebrecht queda habilitada para pedir restituciones, es decir que el Estado le rembolse lo que ha construido y al mismo tiempo para presentar demanda de indemnización.