- El proactivo liderazgo de Piñera
- La ciudadanía tiene la palabra
La convocatoria a una especie de acuerdo por la paz, que hiciera días atrás el presidente de Chile, Sebastián Piñera, tras casi un mes de graves disturbios en ese país, estuvo acompañada de algunas medidas económicas de urgencia, como subir el salario mínimo y una rebaja impositiva a sectores productivos y de la clase media. Incluso el mandatario llegó, como Jefe de Estado, a pedir perdón por la mora de todo el aparato institucional en tomar las decisiones sociales que reclama la nación. Todo ello parece estar dando frutos, al punto de conseguir ayer su objetivo de implicar en esa iniciativa política de corrección del rumbo a los legisladores, las altas cortes y, sobre todo, al constituyente primario.
El Presidente asumió la responsabilidad de promover el cambio constitucional y buscar un acuerdo para modificar la Carta Política que, desde la renuncia de Augusto Pinochet, les ha permitido a los partidos de centro, de izquierda y de derecha gobernar ese país pacíficamente. Piñera debió maniobrar en medio de un escenario complicado por cuanto en las últimas semanas continuaron los disturbios en las principales ciudades, los cuales en buena medida han sido contenidos por la Fuerza Pública policial, que ha actuado con firmeza y prudencia, evitando que se repitieran los estallidos de violencia que se dieron en Valparaíso.
En Chile se cuenta con una poderosa clase media altamente politizada, lo mismo que con sectores obreros y mineros organizados, que han recibido atención a sus demandas sociales en los diversos gobiernos. Pero esos sectores, pese a los avances del país en materia de crecimiento, se muestran inconformes con los impuestos y temas puntuales como el alto costo de la educación. Este último ha sido un clamor reiterado de los jóvenes que han participado en las marchas y que el gobierno de turno busca resolver, profundizando los marcos de gratuidad ya vigentes.
Pese a que en Chile el progreso y la movilidad social son de los más avanzados en la región, el aumento de la natalidad entre la población más necesitada fomenta el índice de demandas sociales no resueltas y promueve, a su turno, una creciente franja de personas que aspira a vivir exclusivamente de las ayudas y subsidios estatales, algo que cada vez gusta menos al grueso de la población trabajadora. Lo cierto es que en medio de la crisis de las últimas semanas la democracia chilena ha respondido debidamente al llamado presidencial. Prueba de ello es que la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Calificador de Elecciones alcanzaron un acuerdo histórico con las fuerzas políticas de todos los segmentos representadas en el Congreso respecto a los medios a emplear para concebir una nueva Constitución. Una confluencia de voluntades dirigida a concretar el “propósito común de todos los chilenos de construir caminos de solución a la crisis que vive actualmente el país". Un pacto que, según sus firmantes, valora “la importancia del diálogo como instrumento de entendimiento entre todos los actores de la vida nacional para buscar vías de solución, buscando siempre la mayor unidad, solidaridad y respeto en la obtención de los grandes objetivos en los que se cimentará la paz social permanente". Todo ello teniendo como premisa que en las distintas etapas de implementación “de este acuerdo por la paz y la nueva Constitución se mantenga el espíritu de entendimiento”.
Las reglas son claras: los miembros de ese cuerpo constituyente serán escogidos en las próximas elecciones municipales, en octubre de 2020. Ninguno podrá ser candidato en elección alguna hasta un año después de cesar en su cargo y sólo tendrán como objetivo político redactar la nueva constitución.
Por ahora, lo fundamental es que el pueblo chileno cierre filas contra los revoltosos y aproveche la rica experiencia del pasado, evitando dejarse desplazar a los extremos del espectro político. Es imperativo proteger el cauce democrático y moverse dentro de los límites del Estado de Derecho y la institucionalidad. Las masas no pueden dejarse manipular por los agitadores que en las calles pretenden incendiar el país y destruir el sistema. Así como tampoco se puede caer en el espejismo económico del discurso demagogo y populista de ‘despojar a los ricos para darles a los pobres’. Lo que se requiere es avanzar más decididamente en justicia social y ello pasa por alcanzar mayores logros económicos que permitan fomentar el desarrollo y generar las plusvalías para asistir a los más necesitados. Los violentos tumultos callejeros generan temor en la sociedad y cuando las masas se desbordan la ley y el orden periclitan. Si los avances políticos que se consignen en la nueva Constitución, así copien de Suiza y otros países con alta calidad de vida, no van acompañados de la debida cultura social, puede cundir el desorden y agravarse el desencuentro poblacional en Chile, incluso poniendo en peligro la estabilidad de la democracia. De allí que se hagan votos para que el “acuerdo por la paz” se extienda a todas las clases sociales y partidos políticos.