Asegurar la protesta | El Nuevo Siglo
Martes, 12 de Noviembre de 2019

“Irresponsable querer incendiar el país”

El 21 de noviembre, organizaciones políticas han convocado a un paro nacional, cuyos motivos aun no son muy claros. Algunos se han inventado reformas inexistentes para justificar su protesta: “contra la reforma pensional, contra la reducción de salarios a los jóvenes”, como si necesitaran excusas para salir a tirar piedra. Oportunamente, ha salido el Presidente a desmentirlos, aclarándole al país que NO subirá la edad de pensión, ni acabará con Colpensiones; que NO va a reducir los salarios de los jóvenes, ni aumentará la jornada laboral. Otros, por su parte, van a protestar, manifestando un rechazo general al Gobierno del Presidente Duque, postura legitima y respetable, siempre y cuando lo hagan en el marco de la ley y del respeto a la ciudadanía.

Hay que empezar diciendo lo obvio: el derecho a la protesta es sagrado y hay que garantizarlo, es una expresión propia de la democracia. Lo que no es aceptable, bajo ningún supuesto, es el vandalismo, la destrucción de bienes públicos y privados, las agresiones y atentados contra policías y civiles. Teniendo en cuenta las últimas manifestaciones que ha habido, y la situación de orden social en la región, es inevitable advertir que la violencia y el caos han sido la constante en los últimos días. En Bogotá, han destruido locales comerciales, iglesias y edificios públicos, buses y estaciones de Transmilenio, intentaron incendiar el edificio del Icetex, han atacado a policías y periodistas.

Es cierto que hay miles de ciudadanos que legítimamente salen a marchar para hacerle críticas y reclamos al Gobierno. Pero también es cierto que hay desadaptados que en el marco de las protestas, salen a destruir, a sembrar terror, caos y violencia. Los ciudadanos no tenemos por qué soportar estas agresiones, el derecho a la protesta de unos pocos, no puede estar por encima del derecho a la seguridad, al trabajo, a la educación, a la propiedad privada, a la libre locomoción, de millones de ciudadanos que no compartimos ni sus reclamos, y mucho menos sus métodos.

Las minorías no pueden pretender conseguir en las calles lo que perdieron en las urnas. Están en todo su derecho de disentir con el Gobierno Nacional, pero la mayor manifestación popular, y la única válida para poder gobernar, es el triunfo en elecciones libres y democráticas. La izquierda, sus políticos y periodistas, que se abrogan la vocería de las mayorías nacionales, no han querido aceptar que los colombianos eligieron al Presidente Duque.

Esa actitud irresponsable, de querer incendiar al país, invitando a sus seguidores a imitar el ejemplo chileno: “20 muertos, 80 estaciones de metro quemadas, un centenar de comercios incendiados y saqueados”, como bien se lo recordó el concejal Andrés Forero a uno de los agitadores del paro, puede terminar en una tragedia. Los que invitan al Paro, deben responderle al país por lo que suceda en su marcha, quieren los réditos políticos, pero no están dispuestos a pagar los daños.

Es elemental, que quien promueva actividades de riesgo, sea responsable por los perjuicios causados a terceros por la actividad que promueve. No esta por demás, solicitarle a la Fiscalía y a la Defensa Jurídica de la Nación, determinar, si quienes promueven la actividad de riesgo, tienen responsabilidad en los perjuicios causados al Estado y a los ciudadanos.