- Detectar y denunciar a tiempo a los violentos
- Las obligaciones del Estado y los convocantes
Son muchas las alertas que se están prendiendo respecto al “paro nacional” que los sindicatos y otros sectores sociales, agrarios, educativos y de distinta índole han convocado para el jueves 21 de noviembre. Lo más importante, como lo han reiterado tanto el Gobierno, con el presidente Iván Duque a la cabeza, como los organizadores de la protesta, es que la jornada debe realizarse de manera pacífica y sin dar cabida a los grupúsculos que quieren infiltrarse para incitar al desorden y la violencia.
La Constitución y leyes colombianas son, de suyo, ampliamente garantistas en cuanto al respeto al derecho a la protesta y la movilización pacífica. A diferencia de lo que ocurre en otras naciones, incluso en nuestro continente, las autoridades locales prestan todo el concurso que se requiera para que quienes quieran manifestarse lo hagan libremente. La única limitación, como es apenas obvio dentro de un Estado Social de Derecho, es que el amparo a ejercer la protesta no puede llevar a una afectación grave de los derechos de aquellos que no participan de la misma.
Aunque parezca una obviedad es evidente que una marcha o una concentración producen una alteración en el sistema de transporte y la movilidad ciudadanas. Sin embargo no hay aquí una violación grave al orden público ni a la seguridad ciudadana, como sí lo son los ataques a bienes públicos y privados, el hostigamiento a la Fuerza Pública, la vandalización de los sistemas de transporte, los bloqueos viales y todo tipo de alteración violenta que impacte a terceros. De allí que en estos casos sea absolutamente legítima la acción directa y proporcional del Estado para neutralizar los desórdenes y judicializar a sus protagonistas, dentro de los cánones establecidos por el Código de Policía y el Penal.
Por ejemplo, constituye un delito utilizar las redes sociales y cualquier otro medio de información para hacer llamados a alterar el orden público en el paro de la próxima semana y, de allí que la Fiscalía ya esté tras las pistas de los autores de algunos videos que se han conocido en los últimos días al respecto. Ya existe un antecedente muy reciente sobre el particular, referido a quienes en la pasada protesta de conductores en algunos sectores de Bogotá y Cundinamarca utilizaron estos medios para convocar a bloqueos de carreteras e incluso a la agresión contra quienes no participaban de dicho paro.
De otro lado, se equivocan quienes andan propalando la tesis de que así como en varios países suramericanos se han registrado estallidos sociales, económicos y políticos en las últimas semanas, en Colombia debe suceder algo parecido. Como bien lo indicara el editorial del pasado martes, las crisis que se han dado en Ecuador, Bolivia, Perú, Chile y Argentina tienen causas muy distintas y constituye un error, incluso malintencionado, querer meterlas todas en un mismo costal y sugerir que el continente está en medio de una ola de insatisfacción social generalizada.
Si bien es cierto, como ya se dijo al comienzo, que tanto el Gobierno como los impulsores del paro de la próxima semana han coincidido en que la jornada debe ser pacífica y que se trabajará conjuntamente para denunciar a tiempo cualquier infiltración de los violentos, es claro que el Ejecutivo debe redoblar sus esfuerzos para desmentir las falsas noticias que continúan circulando por las redes sociales y en otros escenarios públicos respecto a que se aumentarán la edad y semanas de cotización para jubilarse, se reducirá el salario mínimo y otras garantías laborales, así como otra serie de versiones amañadas que solo buscan desinformar a la ciudadanía y crear un artificioso clima de crispación social irreversible. Pero esa claridad también debe ser una obligación de los sectores que están impulsando la jornada de paro, ya que dejar en el aire las versiones que no corresponden a la realidad termina afectando la propia legitimidad de la protesta social y las causas objetivas que se alegan.
Obviamente hay una multiplicidad de problemas en nuestro país y nadie está llamando a desconocerlos. Es más, el propio Presidente de la República es el primero en aceptar esa realidad y exponer las acciones de su Gobierno para ir disminuyendo su nivel de afectación a la ciudadanía. Sin embargo, no por ello se pueden subdimensionar los avances políticos, económicos, sociales, institucionales y de otros ámbitos que tiene el país, a tal punto que está muy por encima de los indicadores de la región.
Así las cosas, Colombia, en su conjunto, debe tener todas las alertas prendidas frente a la jornada de protesta de la próxima semana. Como se dijo, este es un derecho que debe ser garantizado de la forma más amplia posible, como también lo debe ser el derecho de quienes no participan en el paro. La infiltración de los violentos amenaza a toda la ciudadanía por igual y es deber de todos detectarlos y denunciarlos a tiempo.