Reforma electoral, un imperativo | El Nuevo Siglo
Viernes, 15 de Noviembre de 2019
  • El desgastante pulso por un escaño en el CNE
  • Falencias del sistema están sobrediagnosticadas

La accidentada escogencia del nuevo magistrado del Consejo Nacional Electoral, el pasado miércoles en el Congreso, pone de presente una vez más la urgencia de una reforma política y electoral en nuestro país. Si bien no es la primera vez que se advierte la inconveniencia de que la composición de un alto tribunal jurisdiccional tenga un origen partidista tan marcado, el fiero pulso que en esta ocasión se dio alrededor del escaño que dejó el fallecido magistrado Heriberto Sanabria resultó a todas luces desgastante para la ya de por sí debilitada credibilidad y legitimidad de esa institución. Y lo que es peor: la elección será demandada por las colectividades que consideran atropellados sus derechos e ilegal el procedimiento aplicado hace dos días en el pleno parlamentario. No hay que olvidar que semanas atrás alrededor de este mismo asunto se dieron situaciones tan atípicas como las de una posesión ante notario por parte de una persona que alegaba ser la sucesora en el escaño, así como una acción de tutela interpuesta por otra que también creía tener derecho a esa magistratura.

Más allá de cuál sea el desenlace de este insólito rifirrafe partidista por una curul en el CNE, lo cierto es que la necesidad de una modificación de fondo, tanto en su origen como en su composición, es inaplazable. De hecho, en varios de los muchos proyectos de reforma política que se han tramitado en el Congreso en los últimos años -la gran mayoría de ellos fallidos-, este ha sido uno de los cambios propuestos más recurrentes, planteando desde la desaparición misma del alto tribunal hasta su fortalecimiento institucional para convertirlo en una corte jurisdiccional autónoma y de cierre en materia electoral y de organización partidista, quitándole parte de esas funciones al Consejo de Estado.

También es evidente, como se desprende de la agitada campaña para los recientes comicios regionales y locales, que la legislación electoral en Colombia arrastra muchas deficiencias y vacíos normativos por donde se cuelan múltiples vicios relacionados con compra de votos, trashumancia, graves anomalías en financiación proselitista, trampas al por doquier en publicidad  política, maniobras torticeras en cuanto a candidatos respaldados en firmas y otras actitudes fraudulentas que desdicen de la trasparencia de la que es considerada una de las democracias más antiguas y sólidas del continente. Incluso el agravamiento del castigo a los delitos respectivos no ha llevado a disminuir de manera sustancial su incidencia.

Como siempre ocurre tras una cita en las urnas, se habla intensamente por estos días de varios proyectos de reforma política y electoral, algunos ya radicados en el Parlamento y otros en miras de serlo. Frente a ello es imperativo que se establezca un acuerdo político de alto espectro con el fin de evitar que la posible reingeniería al sistema termine desembocando, debido a ese maremagno de propuestas, en un marco normativo más incoherente y débil del que hoy está vigente. Lo peor que le podría pasar a estos intentos de reforma es que su aprobación termine siendo determinada por el desgastante pulso entre mayorías y minorías partidistas o el de las coaliciones establecidas o sobrevinientes, que más que propender por la limpieza y funcionalidad de la organización electoral, busquen favorecer sus intereses propios en la nueva legislación.

Corresponde al Gobierno, la Registraduría Nacional, el Consejo Nacional Electoral, las Altas Cortes  y los propios partidos y movimientos políticos buscar un consenso al más alto nivel posible sobre la cirugía al Código Electoral y las demás cláusulas constitucionales y legales necesarias para garantizar la transparencia del aparato democrático. Podría, en consecuencia, crearse algún tipo de instancia que, con cronograma y agenda fija, proyecte en pocos meses las que deben ser las bases de esa reforma, genere igualmente un borrador del articulado respectivo y comprometa el respaldo del Ejecutivo y las bancadas para su rápido trámite legislativo. La mejor oportunidad para hacerlo es ahora, ya que 2020 será un año que no tiene citas a las urnas programadas y, por lo tanto, la discusión de los ajustes al sistema se podrá hacer de forma más objetiva y tranquila. 

Está visto, entonces, que la reforma es prioritaria. También que la reciente campaña evidenció muchas de las falencias a corregir. Igual, que lo más práctico y funcional es unificar las propuestas para que una instancia multidisciplinaria las analice y presente una iniciativa integral, que debe estar respaldada por un acuerdo político amplio, pues es la única forma de garantizar que en el Congreso el articulado no sea desnaturalizado ni limitado en su vocación depuradora.

Y, por último, que la mejor época para avanzar en esa dirección es el próximo año ya que no hay actividad proselitista que genere ruido alrededor de un debate tan delicado. Lo importante, en todo caso, es que haya voluntad reformadora y que se pase de las quejas reiteradas y los diagnósticos conocidos, a los hechos.