* Hoja de ruta de Bogotá exige máximo consenso

* Sin pupitrazo en Concejo ni adopción por decreto

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es la hoja de ruta a mediano y largo plazos más importante para cualquier municipio. No solo define las reglas de uso del suelo, ordenamiento urbanístico, infraestructura de servicios públicos y movilidad vial sino que también delinea lo relativo a regulación ambiental, oferta educativa, distribución de nichos poblacionales, seguridad, transporte, salud, polos industriales y comerciales... En fin, se trata de la implementación más concreta del mandato constitucional de planificación, sin duda uno de los avances más ambiciosos de la Carta del 91 y que impacta de manera directa, inmediata y diaria a la población de determinada localidad.

El último POT de la capital del país se aprobó en 2004. Las últimas dos administraciones si bien en su momento presentaron sendas iniciativas ante el Concejo Distrital no lograron que fueran aprobadas. La alcaldía de Claudia López hizo lo propio hace tres meses, tras un largo proceso de construcción y socialización, que no ha estado exento de polémica. Si bien es cierto que el Cabildo ha avanzado en su discusión el tiempo para que reciba el visto bueno definitivo se agota, a tal punto que si no es viabilizado antes del 8 de diciembre no quedaría opción distinta a que se adopte por decreto por parte del Palacio Liévano.

Obviamente esta última opción no es la que más le conviene a la capital del país. El POT es, sin duda, la norma de mayor trascendencia que presenta el Ejecutivo distrital al Legislativo, no solo porque su vigencia mínima es de doce años sino porque, además, el debate en el Concejo dota al proceso de un tinte democrático, deliberativo y participativo amplio e innecesario.

Los concejales aducen que el análisis a la iniciativa presentada por la administración López se está llevando a cabo de una manera lenta pero sostenida. Y no es para menos debido a que hay muchos temas neurálgicos sobre la mesa, como lo prueba que gremios y otros sectores políticos, económicos, sociales e institucionales hayan prendido múltiples alertas sobre las implicaciones del extenso articulado. Alertas que van desde las autopistas que se requieren, el tipo y número de viviendas que podrán construirse, la política de desarrollo sostenible aplicable en la ciudad, la oferta y demanda pública y privada de productos, bienes y servicios, así como la actualización normativa para el arranque funcional de la ciudad-región, entre otros aspectos cruciales.

Lamentablemente se ha perdido tiempo valioso en la discusión de asuntos mecánicos, impedimentos y recusaciones. A ello se suma que el trasfondo de la campaña electoral contagió el debate, llevándolo a temas que no tienen relación directa con el fondo y objetivos de la norma, pero sí con rivalidades políticas y proselitistas. Todo ello ha generado un ambiente tenso en donde prima la desconfianza y susceptibilidad, escenario impropio para definir la principal bitácora bogotana hasta el 2032.

Por otra parte, resulta difícil comprender que hayan terminado coincidiendo la discusión del POT y la del Presupuesto para el próximo año. Se trata de iniciativas de primer orden que no debieron estar a consideración del Cabildo Distrital de forma simultánea. Es claro que aquí le cabe responsabilidad tanto a la Alcaldía como a la corporación legislativa. Se requería un acuerdo de alto espectro para una mejor distribución de la agenda.

Faltando pocos días para que se venza el plazo de aprobación, es imperativo hacer un llamado tanto a la Administración como a las bancadas para tratar de que el POT se apruebe antes del 8 de diciembre, con el mayor consenso posible, sin imposiciones de última hora ni mucho menos pupitrazos en un asunto tan delicado para los más de nueve millones de capitalinos.

No es una tarea fácil, sin embargo hay que avanzar en esa dirección de manera urgente. Con tan poco tiempo, las posturas radicales e intransigentes no tienen cabida, sobre todo si llevan a mantener estancado el trámite. Bien podrían los jefes de los partidos con representación en el Concejo llamar al orden a sus bancadas y reiterarles la importancia de que este proyecto sea finalmente aprobado.

La ciudad necesita un norte claro, que permita darle seguridad a la inversión pública y privada, que defina unos lineamientos de desarrollo multisectorial ordenado y eficiente. Esa hoja de ruta es más urgente aún para una Bogotá que está enfrentando la más grave crisis de las últimas décadas por culpa de la pandemia. Un tema tan vital para los próximos 12 años, en el que el equilibrio de poderes es una garantía de fiabilidad institucional, no debería ser viabilizado a las carreras en la corporación legislativa ni adoptado vía decreto.