Desde el primer momento en que el Gobierno empezó a implementar el plan de ayudas de emergencia en medio de la crisis por la pandemia del Covid-19, uno de los mayores temores del Ejecutivo y de todos los colombianos era que las redes de corrupción y desgreño administrativo se empezaran a adueñar de los apoyos en especie y en dinero.
- Le puede interesar: Órganos de control ponen ojo a recursos para Covid-19
De hecho, la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría tienen abiertas desde hace varios meses decenas de investigaciones penales, disciplinarias y fiscales sobre gobernadores, alcaldes y otros funcionarios del orden nacional, regional y local. Ya hay varios mandatarios seccionales y locales suspendidos, entre muchas otras medidas de los entes de control.
Sin embargo, en medio de todos esos escándalos de desvío de ayudas hay algunos que no solo generan sorpresa sino indignación. Una prueba de ello es lo que denunció ayer la Contraloría General en torno a que 28 mil raciones de alimentos fueron entregadas por contratistas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a 15 mil beneficiarios que aparecen en los registros como personas fallecidas.
La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) de la Contraloría identificó 69 alertas en la entrega de raciones de alimentos que hicieron contratistas a supuestos beneficiarios durante la pandemia del Covid-19, en ejecución del Programa de Canastas Nutricionales.
De acuerdo con el ente de control fiscal, hay beneficiarios que aparecen en la Registraduría Nacional como fallecidos, pero a los que contratistas les entregaron ración de alimentos. De igual manera, menores de edad que en la misma base datos están reportados como muertos, pero que su documento estaría siendo suplantado por beneficiarios.
Plan de choque
Como se sabe, una vez declarada la emergencia sanitaria el Programa Canastas Nutricionales contrató una modalidad para que varios operadores hicieran el suministro de raciones alimentarias en los hogares de los niños y niñas entre cero y cinco años y madres gestantes registrados en el programa.
Desde esa fecha, la Diari, dentro de su plan de vigilancia a los recursos asignados a atender la pandemia, identificó que diferentes contratistas del ICBF entregaron 28.018 raciones a 15.580 acudientes registrados que están en la base de datos de la Registraduría reportados como fallecidos.
De acuerdo con la Contraloría, si se multiplica el número de raciones que se entregaron a estas personas fallecidas por el valor más bajo de una ración ($80.000), la suma de esta alerta es de $2.241 millones de pesos aproximadamente. Los valores de cada ración aumentan según el tipo de Centro Zonal desde donde se entregan y si son para mujeres gestantes y madres en periodos de lactancia.
La Diari detectó que de esas 28.018 entregas de raciones a acudientes de menores de edad que aparecen en las bases de datos como fallecidos, 4.548 se realizaron en La Guajira en los meses de mayo, junio y julio. También se detectaron anomalías en Chocó, Nariño.
Según la Contraloría, las alertas están basadas en las debilidades encontradas en el diligenciamiento de las planillas de control por parte de los contratistas y operadores del ICBF que realizan las entregas.
Madres y tíos ‘múltiples’
Pero no fueron las únicas anomalías. Un equipo de analistas de la Diari verificó las planillas en físico, obteniendo un resultado sorprendente. En varios departamentos tutores de los menores que recibieron las raciones tienen múltiples beneficiarios, lo que llevó a generar 6 alertas a 1.970 beneficiarios.
Según la Contraloría, en municipios como Teorama, Hacarí, San Calixto, La Playa, Ábrego y El Carmen, en Norte de Santander, se identificó un adulto que reclamó 195 beneficios al mismo número de menores de edad de los que aseguró ser el acudiente.
Así mismo, en Chimichagua (Cesar) una mujer aseguró ser la madre de 172 niños y niñas en ese municipio, lo mismo que de un menor en el municipio de Fundación (Magdalena), recibiendo raciones por todos.
También este equipo de analistas identificó que un adulto aseguró en las planillas ser tío político de 134 menores de edad en Buenaventura (Valle del Cauca) al recibir las raciones de alimentos.
“¿Qué hicieron y dónde están con las raciones que recibieron estas personas por ese número de menores? Por esto, desde la Contraloría General realizamos estas alertas, para que en el país esta situación no se convierta en una anécdota”, aseguró la directora de la Diari, María Fernanda Rangel.
La Dirección también generó 25 alertas de contratos con bajo índice de cumplimiento, que equivalen a $12.087 millones de pesos por entregar. Se trata de contratos en los que en los meses de mayo, junio y julio del presente año se realizaron pocas entregas y, en algunos casos, ninguna.
Por ejemplo, se identificó un contrato en Medellín donde los meses de junio y julio no se reportó por el ICBF una sola ración de 2.691 que se debían hacer.
En resumen, las alertas que identificó la Contraloría están divididas en entregas con documentos de personas reportadas como fallecidas, acudientes con múltiples beneficiarios y contratos con bajo índice de cumplimiento.
Toda la información obtenida por la Diari se sacó de las mismas planillas que entregan los operadores al ICBF, realizando los cruces con la Registraduría. Se obtuvieron un total de 100 mil planillas diligenciadas a mano y en formato PDF.
Investigaciones
Tras las denuncias de la Contraloría, tanto el ICBF como otras entidades anunciaron sendas investigaciones alrededor de estos hechos.
La directora del Instituto, Lina Arbeláez, sostuvo que desde el primer momento en que se flexibilizaron los servicios a raíz de la pandemia se solicitó acompañamiento al organismo de control.
Tras asegurar ayer que no había recibido oficialmente el informe de la Contraloría, la funcionaria indicó que "desde el primer día el ICBF puso a disposición de la Contraloría todas las bases de datos de los usuarios y la información pertinente para que nos acompañaran en este proceso y de esta manera blindar las entregas a nuestros beneficiarios".
Agregó que la entidad ha venido trabajando en la creación de herramientas para evitar que los operadores se lucren de los recursos destinados a la niñez. Para ello desarrolló la aplicación BienestarApp y Betto, que contribuyen a la transparencia para que la contratación se cimente en la trazabilidad y escrutinio integral de los recursos.
De acuerdo con Arbeláez, "Betto incorpora la inteligencia artificial, la capacidad de utilizar algoritmos de control en las plataformas de ciberseguridad, para darles todas las certezas a los procesos de contratación administrativa”.
A ello se suma que al interior de la institución se adelantarán todas las investigaciones de carácter administrativo que permitan establecer las responsabilidades de los contratistas, para que estas trasciendan al ámbito penal.
También se sabe que la Contraloría trasladará los resultados de la investigación tanto a la Fiscalía como la Procuraduría para que adelanten las respectivas pesquisas penales y disciplinarias, respectivamente.
- Le puede interesar: Más de un millón de menores, víctimas de trabajo infantil: Icbf
De igual manera, se pedirá a los alcaldes y gobernadores que implementen instancias de vigilancia preventiva para la entrega de estas ayudas alimenticias, con el fin de verificar que no existan anomalías.