Sala de Consulta y Servicio Civil, un tanque de pensamiento: Bahamón | El Nuevo Siglo
Miércoles, 1 de Diciembre de 2021
Redacción Política

Generar diálogo con las otras altas cortes resultará de vital importancia, máxime con las nuevas atribuciones otorgadas a la comisión interinstitucional por la reforma a la Ley Estatutaria de la Justicia.

Esa es una de las prioridades con que llega al Consejo de Estado la nueva magistrada María del Pilar Bahamón.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuáles son sus principales retos como magistrada del Consejo de Estado?

MARÍA DEL PILAR BAHAMÓN: Hacer parte del Consejo de Estado en la Sala de Consulta y Servicio Civil, como cuerpo supremo consultivo del Gobierno en asuntos de administración.

Es una función de la mayor relevancia, pues la fuerza de los argumentos que sustentan sus conceptos sirve de guía para el ejercicio de la administración pública, la protección de los derechos fundamentales, sociales, culturales, económicos y medioambientales, previstos en nuestra Constitución Política, y para lograr un Estado más igualitario, más justo y más incluyente. Generar diálogo con las otras altas cortes resultará de vital importancia, máxime con las nuevas atribuciones otorgadas a la comisión interinstitucional por la reforma a la Ley Estatutaria de la Justicia.

La Ley 2080 del presente año reafirmó y amplió la facultad que tiene la Sala de emitir conceptos en relación con las controversias jurídicas que se presenten entre entidades públicas. Esta es una competencia de primer orden en términos económicos, presupuestales y de gestión administrativa. 

A través de esta función, la Sala puede cumplir un rol muy potente, aportando fórmulas y alternativas de solución de conflictos, para llegar a acuerdos prontos y oportunos que permitan destrabar contratos o proyectos vitales para el cumplimiento de los objetivos de las entidades estatales, en beneficio no solo del mismo Estado, sino de la ciudadanía en general.

Concibo la Sala de Consulta y Servicio Civil también como un tanque de pensamiento sobre los problemas estructurales del Estado y la sociedad, a partir del cual se pueden proponer reformas legislativas o regulatorias que tiendan a la desjudicialización de conflictos, siempre balanceando y ponderando los intereses de Estado, pero también respetando los derechos de los particulares, dentro del marco de la Constitución y la Ley.

ENS: Siempre se habla de reforma a la Justicia, ¿cuándo se hará esta?, ¿cómo debería ser?

MPB: Recientemente el Congreso de la República aprobó la Ley por medio de la cual se modifica la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia 270 de 1996. Actualmente se encuentra en revisión constitucional integral por parte de la Corte Constitucional.

Es necesario esperar el pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la Ley y su implementación para poder evaluar la efectividad de aspectos tales como la naturaleza de la justicia como servicio público esencial; la apuesta decidida en materia de transformación digital para hacer posible los expedientes electrónicos, lo cual lleva consigo el acercamiento de la justicia a la ciudadanía; y un esquema más autónomo de asignación de recursos a la rama, que es lo más positivo que considero contiene esta reforma.

ENS: ¿Cómo ha visto actuar el aparato judicial en conjunto durante esta pandemia?

MPB: La pandemia cogió por sorpresa al mundo entero y la justicia no fue la excepción. Por supuesto los primeros meses, entiendo, fueron de gran dificultad; sin embargo, veo que los órganos judiciales reaccionaron rápidamente ante los retos que impuso la pandemia y especialmente las altas Cortes respondieron a la virtualidad.

ENS: ¿La virtualidad llegó para quedarse en la rama judicial?

MPB: Creo que si se combinan la estrategia digital de la rama con la mayor cobertura del servicio de Internet, especialmente en los lugares más apartados del territorio nacional a cargo del Ministerio de las TIC, podrían alcanzarse altísimos niveles de virtualidad.

ENS: ¿Cómo ha visto el trabajo armónico entres los tres poderes?

MPB: Este es un aspecto en el que hay que trabajar conjuntamente y en el que no hay que ahorrar esfuerzos, todo dentro del marco de la división y equilibrio de poderes para preservar la democracia y el Estado Social de Derecho.