El Gobierno de Venezuela condenó las sanciones adoptadas por Estados Unidos con la empresa tecnológica china CEIEC, "ilegales" en opinión de Caracas, que atribuye a Washington una "obsesión por desestabilizar la sociedad venezolana" precisamente en vísperas de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.

El Departamento del Tesoro norteamericano incluyó el lunes a CEIEC en su 'lista negra' por contribuir en las restricciones digitales y la persecución de la oposición venezolana, pero el Gobierno de Nicolas Maduro considera que con ello perjudica proyectos que afectan en última instancia el "bienestar" de los ciudadanos.

"Washington, que tanto se ufana de defender la libertad de prensa y el libre comercio, arremete hoy contra empresas internacionales que le prestan servicios al Estado venezolano, con el objetivo inhumano de aislar al país y generar dificultades a la población venezolana", mencionó el Ministerio de Exteriores.

No obstante, el departamento que dirige Jorge Arreaza aseguró "a pesar de estos intentos de generar zozobra y de atacar el funcionamiento de las instituciones públicas… el Gobierno de Maduro demostrará que "no se deja intimidar" por ninguna acción, "por perversa que sea".

Estados Unidos no reconoce la legitimidad de dichos comicios, catalogados de "fraude" por la oposición interna. El Gobierno norteamericano, de hecho, no concede ninguna legitimidad al Ejecutivo de Maduro, ya que considera que el presidente legítimo del país es el jefe de la Asamblea Nacional, el opositor Juan Guaidó.

Las elecciones parlamentarias tendrán como réplica una consulta semipresencial a la que Guaidó se agarra para poder conservar su legitimidad como 'presidente encargado'. Organizada de forma semipresencial, aspira a movilizar a los detractores del chavismo tras una etapa en la que se ha cuestionado incluso su liderazgo.

La Asamblea Nacional, encabezada por Guaidó y dominada por la oposición desde hace cinco años, tiene mandato hasta el 5 de enero de 2021.

"El régimen ha venido progresivamente usurpando funciones de la Asamblea Nacional", denuncia el representante de Guaidó en España, Antonio Ecarri, quien ha desglosado una lista de agravios que empiezan por la inhabilitación de tres diputados y concluyen por la designación por parte del Tribunal Supremo de Justicia de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El "fraude" del 6 de diciembre no deja más salida que la "continuidad de la Asamblea actual", en palabras de Ecarri, que ve en la consulta un elemento para dotar de legitimidad esta prórroga. La votación tendrá lugar del 5 al 12 de diciembre, aunque solo el último día será de forma presencial, y en ella se podrá participar tanto dentro como fuera del país, con el único requisito de ser poseedor de un documento de identidad, aunque esté vencido.