Caso de colombianos detenidos en Caracas llega a la CIDH

Anadolu
Una ONG venezolana denunció ante el organismo internacional las arbitrariedades en el proceso judicial de las 59 personas.

El Foro Penal venezolano denunció ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en Washington DC, Estados Unidos, la “detención arbitraria” y la “violación al debido proceso” de los 59 colombianos que están presos desde septiembre de 2016 en una sede policial de Caracas, acusados de ser supuestos “paramilitares” que participaron en una conspiración en contra del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Los ciudadanos colombianos -58 hombres y 1 mujer- cuentan con una orden de liberación desde el 21 de noviembre de 2017. Pese a esto, permanecen “secuestrados”, según han relatado en declaraciones a medios locales. Han asegurado no estar relacionados y haber sido capturados en distintas zonas de Caracas, por estar indocumentados.

Su caso se mencionó en la audiencia pública del mediodía de este miércoles 5 de diciembre en la CIDH, enmarcada en el 170 período de sesiones.

En el caso del Estado venezolano, la audiencia estuvo enfocada, precisamente, en detenciones arbitrarias y en la situación de los derechos políticos en Venezuela. Una docena de organizaciones no gubernamentales venezolanas fueron las responsables de llevar la información.

También asistió a esta audiencia Meudy Osío, viuda del exconcejal opositor venezolano Fernando Albán, quien falleció el pasado 8 de octubre mientras era custodiado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en una de sus sedes, en Caracas. La versión oficial habla de un suicidio mientras que la oposición y otros han hablado de un asesinato.

Este miércoles, Osío pidió a la CIDH instar al Estado venezolano a constituir una comisión independiente que investigue la muerte de Albán y que sus restos sean trasladados a los Estados Unidos para que su familia pueda darle sepultura.

El comisionado de la CIDH, Joel Hernández, pidió al Estado venezolano atender su solicitud y acotó: "La familia tiene derecho a conocer la verdad, conocer las circunstancias en que perdió la vida". De igual forma, pidió que, como relator de la CIDH para las personas privadas de libertad, se le permitiera ir a Venezuela e ingresar a la sede del Sebin, denunciada como centro de tortura.

El Centro de Justicia y Paz (Cepaz), por su parte, denunció un “deliberado y sistemático” proceso de debilitamiento y extinción de los partidos políticos de oposición en Venezuela, y refirió que desde el año 2010, hasta la fecha, el sistema político venezolano ha perdido el 90% de sus partidos.

Mientras que Transparencia Venezuela denunció “ataques sistemáticos” a los diputados y a la Asamblea Nacional, que, tras haber obtenido mayoría opositora en las elecciones de 2015, ha sido desconocida por el gobierno venezolano, que incluso constituyó una instancia paralela, la Asamblea Nacional Constituyente.

De acuerdo con información aportada durante la audiencia, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano ha emitido 75 sentencias “que violan derechos de los diputados (opositores) y anulan las competencias del parlamento”. En Venezuela se denuncia falta de independencia de poderes.

En los últimos dos años, según los registros de Transparencia Venezuela, ocho parlamentarios han tenido que salir del país por persecución, cuatro han sido presos y torturados –entre ellos el diputado Juan Requesens, cuyos videos, sometido a tratos crueles dentro de la sede del Sebin, circularon recientemente–, tres han sido suspendidos de sus cargos, a seis les anularon los pasaportes y tres han sido inhabilitados por la Contraloría.