La Asamblea Nacional de Nicaragua le quitó la personería jurídica a cinco organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos que se sumaron a otras cuatro que habían sido ilegalizadas por los sectores oficialistas.

La mayoría parlamentaria sandinista aprobó, este jueves, la cancelación de la personería jurídica del Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), el Instituto para el Desarrollo de la Democracia (Ipade), la Fundación Instituto de Liderazgo de las Segovias, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sur Este de Nicaragua, y la Fundación Popol Na para la Promoción y el Desarrollo Municipal.

El plenario revisó con “trámite de urgencia” los decretos de la cancelación de la personería jurídica de las cinco organizaciones que quedan en la ilegalidad.

La Asamblea repitió el procedimiento con el que le había quitado el miércoles la personería jurídica a las ONG Hagamos Democracia y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

El legislativo también había condenado a la disolución a las ONG Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas) y el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP). El principal argumento del parlamento al justificar su decisión fue que las organizaciones promovieron y facilitaron recursos que financiaron supuestos actos terroristas en Nicaragua.

Las justificaciones del legislativo fueron rechazadas por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) que mediante un comunicado de prensa indicó que todas las organizaciones afectadas tienen una amplia trayectoria en la defensa de la democracia, la justicia y de los derechos humanos.

“En este sentido, las actuaciones estatales no solo impactan a las organizaciones, sino que dejan en indefensión a miles de personas”, detalló la organización.

El Cejil junto con otras 90 organizaciones civiles latinoamericanas firmaron un documento donde le solicitan a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que convoque a su Consejo Permanente y emita una resolución que condene a Nicaragua por su ataque a los defensores de derechos humanos.

Las ONG también le solicitaron al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, que envíe una delegación de alto nivel a Nicaragua para buscar salidas a la crisis.

Las organizaciones le pidieron, además, al Sistema de Integración Centroamericano (SICA), la Unión Europea, y demás países que conforman la comunidad internacional que se pronuncien sobre las decisiones de la Asamblea Nacional de Nicaragua.