Tribunal suspende concesión de títulos mineros en Colombia

Foto Anadolu.

El Tribunal de Cundinamarca suspendió la concesión de títulos mineros en Colombia, hasta que las entidades ambientales no cumplan varios requisitos y se garanticen las zonas de reserva.

La alta corte falló a favor de una demanda presentada por el senador Iván Cepeda (del izquierdista Polo Democrático) y representantes de organizaciones sociales. 

El fallo deja sin efectos la resolución 484 del 2012, que dio luz verde a las concesiones mineras, y tendrá vigencia mientras se establezcan las “respectivas delimitaciones y/o zonas de reserva de recursos naturales, tales como humedales, páramos, parques naturales, aguas subterráneas y demás áreas de importancia ecológica, con base en estudios técnicos, idóneos, integrales, precisos, adecuados y eficaces, que garanticen la preservación del ambiente y de los recursos naturales".

Los demandantes señalaron que dar vía libre a la ventanilla minera sin que haya claridad sobre el catastro minero en el país, la delimitación de zonas protegidas como páramos, humedales y reservas naturales, pone en riesgo el ambiente y los derechos de las poblaciones que habitan cerca de estos ecosistemas.

Varias entidades nacionales como los ministerios de Ambiente e Interior, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la Agencia Nacional de Minería (ANM), deberán establecer, en un término no mayor a tres años, las reglas que garanticen la protección de los recursos naturales.

La sentencia determina que, una vez hayan concluidos dichos estudios y se fijen los polígonos de áreas excluidas de la minería, la cartera de Ambiente deberá remitir esa información a la ANLA en un término no mayor a un mes, y que ésta, a su vez, deberá actualizar la información del Catastro Minero, dentro de un periodo igual.

Además, aclara que esta suspensión no aplicará para las solicitudes de legalización minera tradicional, y de aquellas que se conceden en el ejercicio del derecho de prelación de comunidades étnicas.

“Esta es una decisión judicial que finalmente acepta que la política en materia minera tiene irregularidades sustantivas que deben corregidas. Para ello compromete a las instituciones mineras y ambientales para que de manera coordinada ordenen la casa antes de seguir adelante” dijo Iván Cepeda.