Respaldo del Gobierno a la comunicación enviada por los obispos en la que urgen al Eln la entrega inmediata de tres secuestrados en su poder, anunció ayer el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos.

“El Gobierno nacional valora esta urgencia que manifiestan los obispos de liberar a los secuestrados que están en manos del Eln. Se trata de Diana María Toro, Tulio Mosquera y Fredy Rangel, quienes ya llevan varios meses secuestrados. Los obispos de Cali, de Quibdó, de Itsmina y de Apartadó hacen un llamado que el Gobierno valora y respalda”, dijo Ceballos en el marco de la sesión extraordinaria de la Cumbre sobre el Diálogo Social que lideró la Procuraduría General de la Nación.

De acuerdo con Ceballos, el presidente Iván Duque ha sido enfático en esta condición, la cual considera “fundamental” para avanzar en cualquier espacio de diálogo.

“Esta carta de los obispos confirma que es el Eln quien tiene en su poder a estas personas y por eso urge su entrega inmediata. El Gobierno ha enviado una serie de listas donde aparecen cerca de 10 personas secuestradas hasta el momento por esta guerrilla. Le pedimos al Eln que tenga toda claridad para decir en donde están estas personas, que envíen las pruebas de supervivencia y que los entreguen sin dilaciones”, agregó el funcionario.

¿Diálogo?

Ayer mismo, en entrevista con la periodista Claudia Palacios, el presidente Iván Duque dijo que “he sido claro sobre las dos premisas: si el Eln tiene un compromiso de paz con Colombia, tiene que liberar a todos los secuestrados y ponerles fin a las acciones criminales; de lo contrario, terminamos validando la violencia”.

Sobre el mismo tema, el jefe de Estado agregó: “No puedo ser un Presidente que hable de paz y que permita que haya criminales atentando contra el pueblo colombiano, porque eso es una hipocresía con las personas que son víctimas de esas organizaciones”.

De esta manera, el Mandatario reiteró la posición que frente a los diálogos con el grupo armado ilegal del Eln adoptó y dio a conocer de manera directa el 7 de agosto de 2018, el día de su posesión.

De hecho, en la entrevista así lo recordó: “Lo dije claramente, para empezar cualquier aproximación con el Eln se necesita de la liberación inmediata de los secuestrados y el cese de actividades criminales”.

Duque afirmó que “quien acepta conversar o negociar en medio del crimen, valida el crimen como un mecanismo de presión al Estado”.

Así mismo, hizo referencia a los 30 días que su Gobierno se tomó para evaluar cómo fue el período de conversación del Eln con la anterior administración, la cual arrojó que en el transcurso de 17 meses ese grupo ilegal ejecutó más de 400 atentados, más de 100 asesinatos y una decena de secuestros.

“Eso no puede ser una actitud de paz”, subrayó.

En el mismo contexto, el Mandatario mencionó con dolor el atentado terrorista del Eln en el que murieron los 22 cadetes de Policía, en enero de 2019.

“A mí me dolió en el alma lo que vimos en enero. Eso no fue un ataque a una guarnición militar, eso fue un carro bomba en un centro educativo, en un lugar donde muchachos indefensos se están preparando para servirle al país como policías, y vilmente asesinaron a 22”, señaló.

Por último, al referirse al Eln, manifestó “que no pretendan, ellos, que eso se le olvidó al pueblo colombiano, que no pretendan ellos que eso fue una pilatuna, como la han tratado de presentar. Ellos están solicitados en extradición por un juez de la República”.

Prelados

La semana pasada, en un comunicado de ocho puntos, obispos y sacerdotes del Pacífico y Suroccidente colombiano además de la petición reseñada por el comisionado Ceballos, se manifestaron sobre la actual movilización nacional, valorando la voluntad de explorar y concretar caminos que conduzcan a un diálogo responsable.

En el texto evidenciaron el anhelo para que esta voluntad de diálogo se restablezca también en el desmonte de las organizaciones subversivas e ilegales que actúan en las diferentes regiones del país.

“Pedimos a todo el pueblo colombiano fortalecer su coherencia y firmeza en rechazar el armamentismo social y la solución militarista y violenta de los conflictos. Convocamos al pueblo a mantener el compromiso de unidad interétnica y ciudadana para salir juntos de la guerra, de la narco-economía, de la corrupción política y de las graves injusticias sociales y daños ambientales que nos afectan”, señaló el escrito.

Además, hicieron manifiesto su rechazo a las acciones violentas y criminales que un grupo de personas “oportunistas” han perpetrado en torno a la movilización, hechos que se han “efectuado al margen de la verdadera protesta ciudadana”, y pidieron a los funcionarios de la Fuerza Pública evitar cualquier tipo de exceso que esté al margen de la función constitucional que les compete.

Así mismo, exhortaron al Gobierno nacional, a las instituciones del Estado en todos los niveles, así como a los gremios económicos del país, para que acojan el “clamor de todos los ciudadanos que se sienten avocados a exigir sus derechos por medio de la resistencia ciudadana en calles y escenarios territoriales de su cotidianidad”.

Al dirigirse a los gobernadores y alcaldes elegidos para el período 2020-2023, los invitaron a definir “una pedagogía de participación y de inclusión social, que suscite la solidaridad con los más sufridos, la autogestión comunitaria y se superen los desafortunados altos índices de corrupción en esta región”.

Ante este panorama, los obispos se comprometieron a fortalecer la oración, tender puentes que faciliten el diálogo social y pactos de convivencia, insistir en la implementación integral del acuerdo de paz y continuar promoviendo la solución negociada al conflicto armado, seguir impulsando una Agenda Regional Eclesial de Paz y, por último, continuar evidenciando ante la opinión pública las situaciones que ponen en riesgo la integridad de las comunidades más vulnerables.