La filtración de las declaraciones de Olmedo López en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia puso fin temporalmente a la reiterada capacidad del presidente de imponer a su antojo los temas de la controversia política que le han permitido endosar a sus opositores la responsabilidad de supuestamente paralizar las iniciativas de cambio del gobierno.

En menos de 48 horas sus propuestas ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con las que pretendía trasladar a la oposición la responsabilidad de paralizar las vías legales y constitucionales que favorecieran el cambio prometido perdieron vigencia ante la irrupción de una corrupción tentacular en las más altas instancias del gobierno que modificó sustancialmente el escenario, la agenda política y las prioridades de la sociedad y revivieron las angustias por los entramados de putrefacción moral que superan a los que hasta hoy hemos padecido.

El destape de las calamidades éticas ronda ya por los hemiciclos del Congreso, sin que hayan sido eficaces las recurrentes invectivas y descalificaciones del presidente y altos responsables de la administración, ni útiles las promesas desatinadas y la difusión por el presidente de sus proyectos infructuosos para la restauración de la confianza de los colombianos. Asoma la posibilidad de la alteración de las mayorías que se esperan en el Congreso, con realinderamientos insospechados en unas Cámaras obligadas a recuperar la dignidad en entredicho, que se extenderían a las agendas de paz total, a las negociaciones en curso, y a nuevos y diferentes contenidos de los mentados acuerdos nacionales.

Cualquier asomo de docilidad en el Congreso confirmaría la extensión del eventual cáncer ético que ahora parece circundarlo, al que no puede ni debe someterse para no derrumbar un pilar esencial del régimen democrático. Por el contrario, el ejercicio acertado del control político que le asigna la Constitución, sería el mejor ejemplo de templanza y significación de su condición de Poder Público consustancial al mantenimiento y fortalecimiento de la democracia.

La perduración de la sospecha de financiación con dineros sustraídos a sus legítimos destinos para financiar la manutención de criminales del Eln deslegitima la continuidad de cualquier proceso de negociación, y podría manchar de indignidad al gobierno y a quienes hayan participado o toleren su ocurrencia. Configuran hechos insoslayables en cualquier acuerdo nacional que se procure y que no pueden escapar al entendimiento del encargado de lograrlo para no convertirse en el Kerensky de nuestra historia. La Justicia debe estar atenta a desentrañar la verdad completa y sin sesgos que la comprometan, porque de ella dependerá la paz social y el futuro de la nación.

El presidente no suele ocultar sus propósitos: Abundan los ejemplos que así lo indican desde el inicio de su mandato. Sus palabras en la instalación de las sesiones del Congreso señalarán los objetivos que se propone y seguramente hasta los medios para lograrlos. Sus comentarios y nombramientos confirman la continuidad de una polarización que ha venido alimentando que juzga indispensable para la imposición de su credo ideológico y la conservación de su legado. Nadie en el hemiciclo del Congreso y en el país podrá sentirse desinformado para reclamar más tarde haber sido engañado.

El 20 de julio nos dirá si llegamos al punto de no retorno de nuestra democracia para dar paso a un estado omnipotente sin fecha de vencimiento.