Existe en el país un malestar creciente de las regiones con el gobierno central. Por todos lados se solicita ampliación del sistema general de participaciones que, con el correr de los años, se ha venido cerrando sobre el cuello de las entidades territoriales y está a punto de asfixiarse.

El situado fiscal, originalmente diseñado en la Constitución de 1991, disponía que los departamentos y municipios participaran en un 46.5% de los ingresos corrientes de la Nación. Fue ésta la piedra angular sobre la cual se diseñó el ambicioso esquema de la descentralización fiscal en Colombia.

Sin embargo, con el correr de los años y en virtud de dos actos legislativos, el 01 de 2001 y el 04 de 2007, la situación de las participaciones de las entidades territoriales en las rentas nacionales se ha vuelto calamitosa: hoy en día apenas participan en el 20% de los ingresos corrientes de la Nación; es decir, una suma más de 26 puntos porcentuales inferiores a la que se buscó con la Carta Política del 91.

Par remediar esta situación -sin caer en un federalismo alocado- se están moviendo algunas iniciativas. Pero todas ellas chocan contra la insensibilidad del gobierno central que hace muy improbable pensar que el nudo corredizo que hoy asfixia las finanzas de departamentos y municipios pueda aflojarse en los meses venideros.

El gobernador de Antioquia está promoviendo un referendo constitucional para aliviar esta situación. En las conferencias de gobernadores recientes no se habla de otra cosa. Y en el Congreso Nacional fue aprobado en primer debate un acto legislativo (No. 18 de 2024) por el cual se busca, gradualmente, retornar a la situación existente al momento de aprobar la Constitución del 91.

Sin embargo, y seguramente por razones asociadas a la caída de los recaudos y al voraz empeño del gobierno central para aumentar sus propios gastos definidos desde Bogotá, estas iniciativas están chocando contra una muralla de indiferencia del gobierno central.

Ariel Ávila, que fue el ponente en la Comisión primera del Senado del primer debate del acto legislativo No. 18 de 2024, con un excelente documento, relata cómo en su condición de ponente solicitó al ministerio de Hacienda la opinión sobre el retorno a los porcentajes de las transferencias hacia las entidades territoriales para buscar reencontrar los niveles originarios previstos en la Carta del 91.

Cuenta el senador Ávila en su ponencia que la única respuesta que obtuvo del Ministerio de Hacienda en comunicación del 11 de octubre de 2023, fue que “se abstenía de dar concepto favorable a la iniciativa”.

Esta destemplada respuesta del ministerio de Hacienda no se compagina con la promesa que hizo el presidente Petro a los gobernadores reunidos en Cartagena recientemente, según la cual el gobierno sería favorable a incrementar el porcentaje de las entidades territoriales en el sistema general de participaciones.

No es sorprendente esta contradicción del gobierno central: las finanzas públicas del país se encuentran en situación calamitosa; situación que apenas empieza a salir a flote. Los anuncios de que se va a buscar una flexibilización de la Regla Fiscal, la implantación de inversiones forzosas y una nueva reforma tributaria, son apenas tres expresiones de la condición menesterosa en que se encuentran las finanzas del gobierno central.

Y mientras desde la Casa de Nariño se anuncian más y más programas de gasto público comandados por el presidente Petro, no es sorprendente que los departamentos y municipios estén quedando en la cola de las prioridades.