Al ministro de Hacienda hay que abonarle la claridad con que condujo la concertación y la información documental que acompaña lo que va a ser la próxima reforma tributaria, y cuyas discusiones avanzan en el Congreso.
Después de los tropiezos de la malograda reforma Carrasquilla, que tenía cosas buenas pero que fue pésimamente presentada y peor explicada, en esta ocasión no deben esperarse mayores dificultades en el trámite parlamentario.
Esta reforma, desde luego, está lejos de poder ser llamada estructural. Es una propuesta fiscal sencilla, sin mayores pretensiones, y fácil de vender ante un congreso y una opinión pública que quedó -y sigue- tremendamente escaldada con lo que fue la estrepitosa caída de la reforma Carrasquilla.
En esta ocasión, además, la discusión de la reforma tributaria que ahora se denomina piadosamente -como ya es costumbre- “ley de solidaridad”, se analizará por el Congreso de manera simultánea con la ley de presupuesto para la vigencia del 2022. Una y otra están estrechamente interconectadas: en la ley de solidaridad fiscal están incluidas las medidas de carácter social como el ingreso solidario que estarán en pie hasta la finalización del año entrante; y en la de presupuesto aparecen estimados los ingresos con los cuales se atenderán los gastos sociales que la pandemia ha vuelto ineludible.
Con cierta humildad el gobierno reconoce, tanto en el mensaje presidencial que acompaña la ley de presupuesto como en la ley de solidaridad social, que el ajuste que se hará en las finanzas públicas del país con estas dos leyes apenas alcanzará a recoger 2/3 de lo que se necesita. Al paso que al nuevo gobierno le queda 1/3 de la tarea.
Pienso que la magnitud del ajuste fiscal que le corresponderá hacer al gobierno que se posesiona en agosto del año entrante tendrá que ser de mucho mayor calado que el tercio que amablemente le deja a su cuidado la administración Duque. El desarreglo en las finanzas públicas que se percibe es mucho más profundo de lo que se cree. Inexorablemente el nuevo gobierno tendrá que estrenarse con una muy severa reforma tributaria para consolidar la sostenibilidad fiscal en los años venideros, si es que no quiere caer en los torrentes fatales del populismo.
Algo que es bueno advertir, sin embargo, es que la administración Duque -quizás para calmar los ánimos levantiscos que levantó la propuesta Carrasquilla- repite machaconamente que no se toca a la clase media, que no se grava las pensiones, y que el IVA permanece inalterado. Ese es un buen discurso para calmar ánimos en esta difícil época que vive un gobierno ya con el sol a las espaldas. Pero no es un mensaje correcto para hacer una buena reforma tributaria.
Gravar las pensiones altas o aún las rentas de trabajo superlativas, hacer un recorte serio en gabelas irritantes como lo recomendó la comisión de expertos en privilegios tributarios que la propuesta actual no toca, y hacer una cirugía a fondo del IVA (lo que no significa necesariamente gravar los productos alimenticios de primera necesidad) resulta imperioso. Cerca del 50% de los bienes y servicios que se producen en el país se escabullen de la tributación del IVA a través de exclusiones y exenciones. Todas estas son piezas que inexorablemente deberá encarar la próxima reforma tributaria. Si es que queremos avanzar hacia una tributación más equitativa y progresiva. Cosas que por las razones ya mencionadas no se hace en ésta, que será probablemente la última reforma de la administración Duque.
Lo grave del mensaje que está repitiendo el gobierno y que queda resonando en los oídos de la opinión pública, es que es una especie de pecado fiscal gravar las pensiones exorbitantes, gravar con más rigor las rentas de capital y las muy altas de unas pocas personas naturales. O hacerle ajustes al gravamen del IVA, que tal como está funcionando en el país resulta altamente regresivo. El actual proyecto de reforma poco o nada avanza en términos de mayor equidad, como lo ha demostrado un estudio reciente de la facultad de economía de la Universidad de los Andes.
Este gobierno sale del paso con esta reforma tributaria liviana. Pero la reforma de fondo se quedó para el que viene.