¡Sí a la Constituyente!
Se ha abierto un debate interesante alrededor de la pertinencia de convocar una constituyente para “reformar la Justicia”. Una corriente de opinión se opone radicalmente a la iniciativa y está encabezada por el presidente Santos, con el apoyo de adherentes fervorosos del Gobierno. Otra, amiga de la convocatoria, está encabezada por el expresidente Uribe, apoyada, según ha trascendido, por el vicepresidente de la República Angelino Garzón y por connotados juristas, no propiamente activistas de la política.
En la prensa se han conocido opiniones, unas en contra y otras en favor de la convocatoria. En nuestro caso, podemos citar varios artículos publicados tiempo atrás, en los cuales consideramos que el órgano indicado para tramitar reformas constitucionales a la Justicia es la Constituyente, bajo la convicción de que el Congreso no es el escenario apropiado para estudiar y aprobar reformas de esa naturaleza y, en este sentido, lo que ocurrió en las cámaras legislativas -al aprobar el texto de la malhadada reforma a la Justicia, producto de negociaciones non sanctas entre Gobierno, Cortes y Congreso que provocaron la indignación nacional- nos daría la razón.
Creemos -con el respeto debido- que el presidente Santos está mal de consejeros, pues después del fracaso de la reforma presentada por su Gobierno y que tuvo final tan escandaloso en el Congreso, ha debido abanderar la convocatoria al referendo o a una constituyente para que el pueblo, directamente, se pronunciara sobre puntos vitales de la reforma a la Justicia que viene reclamando el país, y no declarar, como lo hizo, que uno y otro procedimiento son recursos peligrosos o altamente inconvenientes, con lo cual sugirió, tácitamente, que dichos medios de participación democrática debían erradicarse de la Constitución.
Aún es tiempo de rectificar semejante posición. No debe aparecer el actual Presidente -por quien votamos muchos liberales- como enemigo de la participación del pueblo en la toma de decisiones trascendentales referentes a la Justicia. Porque hay asuntos que no admiten postergación indefinida, como la supresión del Consejo de la Judicatura, como los procedimientos de investigación y juzgamiento de los altos servidores públicos, como la supresión de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, como la eliminación de funciones electorales de la Corte Suprema de Justicia, como la consagración constitucional de un porcentaje en el Presupuesto para el adecuado funcionamiento de la Administración de Justicia; asuntos que, sin embargo, para el Gobierno, si uno se atiene a las declaraciones de la recién posesionada Ministra de Justicia y del Derecho, no resultan indispensables, pues, según criterio de la ilustre exconsejera de Estado, sin esas reformas constitucionales podremos sobrevivir. ¿Claudicación?
P.D. El Nuevo Siglo de ayer trajo la información de que los directores de los partidos Liberal y Conservador habían decidido rechazar la convocatoria de la Constituyente y que La U -el Partido de Gobierno- no ha tomado aún decisión alguna.
En el Partido Liberal, debemos precisar, hay un director y no un dictador. Sólo un pronunciamiento de la Convención podría tener poder vinculante.