El agua sucia de la corrupción invade casi todas las instancias del gobierno nacional, pocos se salvan de esa marea turbia que cae sobre la administración del presidente Gustavo Petro. Un político que había anunciado una campaña insobornable por combatir la corrupción, tiene desquiciada gran parte de la administración pública por los malos manejos de sus agentes, algunos muy cercanos y con raíces profundas con los que manejan el poder presidencial. Negar esa responsabilidad en estos escándalos es absurdo, el Ejecutivo debe responder por sus ministros y agentes que nombra.

Cómo es posible que el entonces ministro del interior, Luis Velasco, junto con otros funcionarios de la Casa de Nariño, repartiese millones y millones de pesos para comprar votos en el Congreso, donde elementos de todos los partidos pasaron el sombrero, hasta el punto que lograron producir un desequilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, al invadir el primero los fueros de los representantes del pueblo y comparar sus conciencias, para que votaran como ordenaba la Casa de Nariño. Esa feria de la corrupción y golpe de Estado al legislativo viola los principios más elementales de la independencia y equilibrio de poderes. En el sistema democrático parlamentario llevaría de inmediato a la caída del gobierno y una convocatoria a elecciones.

Y en cualquier sistema de gobierno un escándalo como el de los funcionarios encargados de manejar la Gestión de Riesgo habría llevado a una estrepitosa caída del mismo, puesto que todo indica que desde el primer momento y orquestado por los áulicos de la Casa de Nariño, esos dineros se destinaron a comprar a congresistas de diversos partidos y obtener una mayoría amañada en esa institución. Nunca antes en la historia democrática del país se había dado un escándalo de tal magnitud, que demuestra que la corrupción carcome a las distintas organizaciones políticas implicadas hasta las entrañas. Lo peor es que situaciones como éstas se dan en otras instituciones del gobierno y que la corrupción desvergonzada avanza impune y arrogante, en cargamentos de bolsas plásticas repletos de millones de pesos que movilizan los agentes del Estado.

Y Laura Sarabia, sigue tan campante desempeñando funciones ejecutivas propias del presidente de la República, lo que mantiene a la opinión pública atónita, mientras su jefe se mueve como próspero turista por diversas regiones del globo en donde nada tiene que hacer y evadiendo sus responsabilidades en el país, en tanto su administración se hunde entre la corrupción y la frustración administrativa.

Varias figuras destacadas del actual gobierno están siendo investigadas por la fiscalía y otros entes oficiales, las cuales se retiran de la nómina para, con una parte de los dineros que han ganado en los escándalos de corrupción, seguir tan campantes contratando abogados litigantes que compren la morosidad de la justicia, que de todas formas es inoperante en el 90% de los casos de su competencia.

Son tantos los casos de corrupción oficiales que las entidades que los investigan se ven a gatas para desentrañar la madeja de malos manejos e intrigas burocráticas, dado que la complicidad de congresistas y agentes del ejecutivo, como de los entes investigadores es de tal gravedad, que se ven a gatas para establecer responsabilidades.

Colombia no puede seguir por el despeñadero de la corrupción y del social-anarquismo, que conducen a la miseria y la frustración colectiva. Es verdad que se vive la más honda crisis de la democracia de nuestra historia por cuenta de la corrupción en diversos entes del Estado, por cuanto los agentes de la demagogia llegan con una codicia sin límites y quieren enriquecerse a toda costa.  Es el Régimen podrido que denunciara en el siglo pasado Álvaro Gómez, por lo que segaron su vida, pero con una diferencia: su ideario está más fuerte que nunca.

En este estado de cosas lo normal sería que las gentes buscarán ampararse y defender la democracia bajo el escudo de las ideas conservadoras, pese a que algunos oficialistas han estado colaborando con el gobierno que públicamente se declara en contra de nuestros principios tutelares. Los que traicionan los principios conservadores serán rechazados por el pueblo que en mala hora los eligió. La fuerza conservadora se renueva en nuestra América limpiando los establos de la corrupción y restableciendo la libertad y la democracia.