La paz total de Petro estaba condenada al fracaso desde sus inicios. El optimismo de alcanzar la paz con el Eln en un plazo de tres meses que predijo en la campaña electoral, puso de presente la enciclopédica ignorancia del hoy presidente sobre las realidades, dificultades y retos propios de las negociaciones de los acuerdos de paz.

Abordó su tarea con permanentes improvisaciones que no pasaron inadvertidas por quienes han jugado durante más de treinta años a sacar ventajas del anhelo de paz de los colombianos. Todavía se recuerda el anuncio a principios del 2023 del presidente de un cese al fuego bilateral con cinco grupos armados, que no había sido objeto de tratativa alguna y solo respondía al desvarío del gobernante. Sus constantes dislates se han repetido desde entonces, sin otro resultado que el fortalecimiento de los grupos armados que hoy campean en vastas regiones del país.

Petro y sus diletantes comisionados de paz no han podido entender que alcanzar la paz como librar la guerra requiere definiciones estratégicas acertadas que tomen en cuenta las capacidades y debilidades de los oponentes y la clara identificación de los objetivos buscados con el uso de la fuerza y/o en la mesa de negociaciones. Tareas difíciles para un comandante que divaga a diario y suele sentir mayor proximidad con sus adversarios que con las fuerzas militares que tiene el encargo de dirigir. Ello explica las concesiones con las que irresponsablemente atrae a los delincuentes a las mesas de negociación y que se convierten en conquistas inamovibles.

Unilateralmente ha concedido al Eln poner en discusión el modelo económico del país con quienes encarnan los regímenes políticos y económicos que se derrumbaron a finales del siglo pasado bajo el peso de la quiebra económica y la violación de los más elementales derechos humanos. Ni siquiera esa concesión extrema ha interesado a quienes seguramente apuestan al derribe de su oponente por obra de su propio y errático comportamiento. La respuesta del Eln consistió en ultimátum al gobierno que venció el 23 de agosto para que los retirara de la lista de Grupos Armados ilegales (GAO), por considerarse solamente como un grupo armado rebelde y así buscar reconocimiento internacional que limite o impida las acciones militares de la fuerza pública en su contra. Nada más parecido a una capitulación que por fortuna no aceptó el gobierno, sin que hasta la fecha haya logrado la respuesta contundente que merece.

El Eln no concibe el proceso de paz como oportunidad de reincorporación a la vida civil y al ejercicio de la política en las condiciones que se acuerden, sino como un instrumento para acrecentar su poderío militar y económico y minar la confianza ciudadana en el gobierno para superar la tragedia de la violencia y alcanzar la paz. El enfrentamiento con las demás organizaciones armadas por el control territorial y los réditos que dispensan el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el secuestro prevalecen en sus objetivos estratégicos, hoy además favorecidos por la crisis desatada por el robo de las elecciones en Venezuela que modifica sustancialmente las opciones estratégicas que no se alterarán con ofrecerles la entrega de la sotana de Camilo de Torres. En ese nuevo escenario el Eln perdió todo interés en procesos de paz con el gobierno colombiano, como lo sugiere su comportamiento fundado en las decisiones que al parecer se tomaron en el sexto congreso de esa organización.

Vivimos el final de la era de negociaciones para acuerdos de paz y el inicio de procesos más complejos que afectan la paz y la seguridad hemisféricas. ¿Será capaz Petro de comprender la realidad emergente?