Urgente reforma a la Justicia

“Ser eficientes y no por la vía de más burocracia judicial”

DIJO  muy recientemente el Presidente de la Corte Suprema de Justicia a El Tiempo que “La corporación considera que la justicia está funcionando… (y) que no hay que reformarla, salvo para fortificarla aumentando el número de jueces”. Confieso que al leer esta apreciación quedé confundido. No sólo por el diagnóstico planteado, sino por la solución propuesta.

Para nadie es un secreto el “despelote” de nuestro sistema judicial. Decisiones de jueces que rompen con el sentido común, escándalos en la rama, luchas políticas con el nivel ejecutivo y el legislativo que destruyen la institucionalidad, choques de trenes entre las altas cortes, gerente de la rama judicial que no se nombre después de pasado más de un año sin que nada suceda, procesos que duermen el sueño de los justos, postulaciones que han politizado la justicia en Colombia y le han debilitado su tradicional grandeza, personas investigadas y condenadas que nunca tuvieron el derecho a segunda instancia, pruebas que antes sí fueron y ahora resulta que no eran y, sin embargo, condenaron a alguien, ausencia de iniciativas cuando se les invita a participar a las cortes en el debate democrático, burocratización e ineficiencia de otra parte de la rama judicial, un Presidente del Congreso que expresa con preocupación casi el amordazamiento en que se encuentran muchos congresistas cuando se discute el tema de la Rama Judicial, pruebas que no son válidas en Colombia pero sí en el exterior (¿?) y mucho más.

En medio de este escenario, con inteligencia el Gobierno Nacional abrió a un debate amplio y generoso para la Reforma a la Justicia, y la respuesta a la final recibida sorprende por ser justamente contraria a los valores democráticos que nos han caracterizado. Resulta que ahora los representantes de las Altas Cortes llamarán a una veeduría internacional y les preocupa que en la sabiduría del Congreso pierdan atribuciones como rama del poder público.

Lo primero que debe quedar en claro es que el Congreso debe ser autónomo y libre en el debate de la Reforma a la Justicia y que sus representados esperamos que decidan y discutan sin ningún temor a represalia alguna. Son ellos quienes deben aprobar los ajustes a la Constitución y a la Ley, y tienen esa potestad en virtud de representarnos a todos democráticamente.

De entrada gusta de la propuesta del Gobierno que haya un solo ente que decida las tutelas contra sentencias judiciales, que se acabe con el desorden administrativo del Consejo Superior de la Judicatura, que se intente con estrategias innovadoras y más efectivas descongestionar el atraso judicial, que se garantice a todos la doble instancia en procesos judiciales y que no politicemos la justicia en las elecciones de altos cargos. Ojalá no caigamos en la sindicalización del discurso para ahora hablar de la “privatización de la administración de justicia”. De lo que se trata es de ser realmente eficientes y no precisamente por la vía de más burocracia judicial ineficiente.
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