En el marco de la Agenda de Objetivos para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas surge el número dos: “hambre cero”, el cual busca “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”.

Así, aparecen las reservas de seguridad alimentaria, APPA, como uno de los mecanismos diseñados para procurar la garantía de la seguridad alimentaria y nutricional en las últimas décadas. Las reservas alimentarias son existencias de alimentos almacenados en un lugar estratégico cuyo objetivo es dar respuesta a una población determinada en una situación de crisis o emergencia.  Este tipo de reservas se han implementado principalmente en zonas con crisis alimentarias graves de algunos países de África a través de organizaciones de cooperación internacional de países europeos.

Como aquí todo lo vamos copiando, sin preguntar “quien vive”, el actual Gobierno lo incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, donde aparece un capítulo dirigido a la toma de medidas para el derecho humano a la alimentación, que en principio se sintoniza con una de las políticas del Gobierno para combatir el hambre en nuestra nación. 

Entre las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, se implementó la creación de Áreas de Protección para la Producción de Alimentos -APPA-, definidas como aquellos espacios destinados a la producción de alimentos, que hace parte de las áreas de especial interés para proteger el derecho humano a la alimentación y gozan de una protección especial por parte del Estado.

Esta iniciativa del Gobierno colombiano fue resaltada por la comunidad internacional en el pasado Foro Global 2023 sobre la Salud del Suelo que se llevó a cabo en China. Sin embargo, en aquel evento el enfoque que se le dio, fue únicamente dirigido al beneficio y no las implicaciones que traería su implementación para los sectores productivos del país. Nadie discutiría sobre la bondad de una política tendiente a disminuir el hambre en la población, sin embargo, se torna necesario en este caso analizar las consecuencias que está ocasionando su implementación.

El sector productivo del agro y los representantes de los entes territoriales se encuentran en incertidumbre, pues ven la declaratoria de las APPA como una limitación al uso libre del suelo y de la propiedad privada de acuerdo con la autonomía privada reconocida en la Constitución.

Buen ejemplo se encuentra en la expedición de la Resolución 377 de 2024, a través de la cual el Ministerio de Agricultura identificó como zonas de protección para la producción de alimentos algunas zonas de diversos municipios del suroeste de Antioquia.

La decisión tomada a través del mencionado acto administrativo fue rechazada por la administración del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien la demandó ante el Consejo de Estado pidiendo su nulidad por considerarla “violatoria de los principios y normas constitucionales, legales y convencionales”.  Advierte la demanda que se trata de una intervención indebida en el uso del suelo de la región y vulnera la autonomía territorial consagrada en la Constitución Política. La polémica está sentada.