La última en darnos la aprobación fue Moody´s la semana pasada. Fue la cuarta de las agencias calificadoras que nos otorgó matrícula condicional. Todas a una (estas curiosas entidades tan temidas como criticables) nos dispensaron un benévolo compás de espera, según el cual no nos reprueban en este año, pero siempre y cuando, a más tardar en el primer trimestre del 2021, se presente una reforma fiscal en Colombia.  Léase una reforma tributaria.

Dicho en buen romance esto significa que disponemos de no más de cuatro meses para tener listo el proyecto de reforma tributaria. De lo contrario nos caerá la ducha fría de la matrícula condicional de las calificadoras, con el consiguiente encarecimiento del crédito internacional para el país.

Ahora bien: ¿alcanzará a estar lista la reforma en tan breve plazo cuando, primero, fuera de una comisión de expertos internacionales que está estudiando las gabelas tributarias que hay que podar, no hay nada listo por los lados gubernamentales?; y segundo, ¿cuando no existe el más leve asomo de acuerdo político para tramitar semejante plato en la legislatura que se inicia el 20 de julio del 2021?

Como van las cosas, la reforma integral de la tributación no alcanzará a estar lista en el breve plazo que impone la condicionalidad de las calificadoras. A pesar de que desde algunos medios académicos se han venido formulando propuestas al respecto, lo cierto es que el Gobierno, fuera de la comisión de místeres que tiene trabajando, no ha mostrado aún cuáles son sus propuestas concretas, fuera de algunos controversiales brocardos (no hay que gravar más a las sociedades, hay que imponerles gravámenes más duros a las personas naturales). El ministro Carrasquilla ya anunció también que el proyecto de reforma deberá estar listo para el primer trimestre del año entrante.

Esto sugiere que probablemente lo único que va a estar para la legislatura que se abre el próximo 20 de julio del año, o en todo caso lo que estará más estudiado, van a ser las propuestas para recortar exenciones y gabelas que, se supone, recomendará la ignota comisión de expertos extranjeros que viene trabajando.

Ahora bien: cuando se habla de gabelas y de minoraciones a recortar no debemos olvidar que el 90% de las que realmente pesan fiscalmente son las que se otorgan en el IVA. El total del costo fiscal de los regímenes de excepción asciende a más de 90 billones al año, de los cuales cerca del 90% se alojan en el territorio el IVA. Es decir, la próxima reforma tributaria tendrá que ser básicamente una reforma a fondo del IVA.

¿Existe voluntad política, así sean muy convincentes las razones técnicas que consignará seguramente la comisión de expertos, de cortar por los sano con los muchos regímenes de interés que esconden sus garras detrás de la frondosa legislación al valor agregado? ¿Estará, por ejemplo, decidido el Gobierno a ampliar la base de bienes y servicios a los que se aplica el IVA que hoy en día escasamente cubre el 50% del universo de bienes y servicios que se producen en la economía colombiana?

La legislación expedida durante la pandemia está tachonada de nuevas exenciones y exclusiones al IVA. Se ha utilizado la exclusión del gravamen como un pivote de la recuperación económica. Hay decenas de nuevas perforaciones al sistema en la borrasca de decretos y leyes dictados al amparo del plausible propósito de reactivar la economía. El último ejemplo es la llamada ley del turismo con IVA reducido para tiquetes aéreos. O sea, los expertos convocados van a encontrar mucho más dispendioso su trabajo de podadores cuando rindan sus conclusiones que cuando fueron convocados. ¿Qué va a decir en ese momento el ministerio de hacienda?

Sí: la matrícula condicional que nos han otorgado las agencias calificadoras es una buena cosa. Pero no asegura que vayamos a pasar el año si no se hace una tarea (técnica y política) muy intensa para tener lista la reforma tributaria en el primer trimestre del año entrante.