La Procuraduría General de la Nación es una iinstitución que consagra nuestra Constitución, pero no en todos los países existe. El Ministerio Público en Colombia cumple funciones disciplinarias, investiga y sanciona los funcionarios públicos, interviene en los procesos judiciales, defiende los intereses de la sociedad y los colectivos, el medio ambiente, el interés público, entre otras funciones y  recientemente se le otorgaron también funciones jurisdiccionales, para  tratar de atender al Pacto de San José  que indica que los funcionarios de elección popular, no pueden ser destituidos sino por autoridad judicial y penal.

En teoría podría decirse también que es un importante instrumento para la lucha contra la corrupción, debido a las variopintas funciones que cumple. Sin embargo, el problema se concreta en la forma como se elige el Procurador. Dice la Constitución que será elegido por el Senado, para un período de cuatro años, de candidatos del Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

Es acá donde radica el problema institucional de la Procuraduría, que la convierte en instrumento político y la aleja del cumplimiento de su misión democrática. Para verificar esta afirmación, basta con analizar lo que acaba de pasar en el país con la conformación de la terna para elegir el próximo Procurador.

Tanto el Consejo de Estado, como la Corte Suprema, de una lista de convocados, donde se encontraban eminentes juristas, se inclinaron por candidatos eminentemente políticos, con corrientes políticas en el Congreso. Se pregunta el observador desprevenido, ¿por qué razón? Porque desde hace algún tiempo, algunos magistrados -no todos- tienen cuotas de poder burocrático en dicho órgano de control y quieren conservarlas. Es más viable un candidato de la política que uno de la justicia o de la academia.

Ahora, el presidente ha designado su cuota, todavía más cerca de la política, seguramente al amparo de acuerdos con grupos políticos y buscando derrotar a los otros candidatos de partidos de oposición. Se dice que ya tienen los votos para elegir al candidato del Presidente y ello obedece a acuerdo políticos burocráticos, que deberá atender el nuevo Procurador que se elija y que tornan nugatoria la función de control que ejerce el Ministerio Público. Ya veremos que todos los procuradores delegados y regionales se convierten en cuotas de poder político de los diferentes senadores que apoyaron su elección, conservando algunas cuotas para magistrados afines.

Así las cosas, el Procurador se convierte en un gestor político y tendrá la posibilidad de influir en futuras decisiones burocráticas de las altas cortes; reclamando el favor a los magistrados a quién les ha repartido poder; como por ejemplo, influirá en la elección de ternados para la Corte Constitucional y para las otras altas cortes.

Como resultados de todo este tejemaneje, es imperioso concluir que la Procuraduría en Colombia, se ha convertido en un actor político y que su función de control queda cercenada por la política. Por ello el actual presidente de la República quería acabarla; pero decidió que era mucho mejor apoderarse de ella.