Una de las claves del liderazgo es anticiparse a los hechos: no actuar nunca al remolque de los acontecimientos. Infortunadamente en muchas de las decisiones vinculadas al manejo de la pandemia y del paro el Gobierno ha venido tomando buenas decisiones, pero tardías. Veamos algunos ejemplos.

Debió haber decidido oportunamente qué derecho prevalece ¿si el de protestar en marchas tumultuarias o el derecho a la salud? Cuando dos derechos entran en conflicto alguien tiene que dirimir cuál prevalece. Pero no se hizo. Entramos a un paro que con sus aglomeraciones lleva ya ocho semanas. Y, claro, nadie aclaró cuál de los dos derechos prevalecía. Seguimos con la tardanza usual y hemos alcanzado los índices más altos de contagio. Los colegios médicos coinciden en que estamos haciendo una barbaridad permitiendo aglomeraciones como las de la llamada “toma de Bogotá”, donde es imposible guardar normas de bioseguridad. Y estamos en la que estamos: más de 500 muertos diarios, las UCIs desbordadas y la gente muriéndose a las puertas de los hospitales.

La orden presidencial a la Policía para desbloquear las vías tardó tres semanas en adoptarse. Para ese momento ya estaban cerradas infinidad de carreteras y el puerto de Buenaventura. De entonces a ahora se ha desbloqueado una buena parte. Quedan 26 al momento de escribir este artículo, principalmente en el Valle del Cauca. Pero se le perdió por tardanza cerca de tres semanas a tan crucial asunto. Y se permitió que cogiera ventaja.

La negociación con el comité de paro es otro buen ejemplo de la tardanza y el titubeo en tomar decisiones. Primero comenzó con la negociación que piloteaba Miguel Ceballos de un protocolo de garantías. Enseguida -y una vez que Ceballos renunció y se lanzó a la Presidencia- el Gobierno parece haberse dado cuenta de que el famoso borrador de “garantías” era inaceptable pues allí se renunciaba a algo que es irrenunciable: los mecanismos que la Constitución le otorga al Presidente para manejar el orden público.

Y se volvió a empezar de cero. Dando pie al comité de paro para que fustigara al Ejecutivo por haber echado marcha atrás en sus compromisos. Lo cual, en rigor, no era cierto, pues el acuerdo Ceballos se había pactado sometido a ratificación presidencial. El Gobierno, a su turno, le reclama al comité que no haya hecho una condena más vertical de los bloqueos. Pero esta es la hora que la negociación propiamente dicha no arranca.

En Colombia ha habido muchos paros pero ninguno se había demorado ocho semanas en empezar a negociarse. Y mientras tanto la economía nacional destrozada. Hay quienes consideran que, habiéndose levantado el comité del paro de la mesa, el Gobierno no está interesado en sentarse de nuevo a negociar. Dicen que se dio cuenta- tardíamente de nuevo- que esta negociación no iba para ninguna parte; que los siete capítulos de peticiones económicas eran imposibles desde el punto de vista fiscal; y que, siguiendo consejos de Álvaro Uribe (dice la Silla Vacía), lo mejor era dejar sin reactivar la mesa. Es probable que tengan razón quienes así piensan. Pero de nuevo: ¿Si así es, no hubiera sido mejor no haber iniciado nunca la negociación con el comité hace ocho semanas, que entonces se perdieron? ¿Qué hará en adelante el comité? ¿Hacia dónde y cómo canalizará la agitación permanente en Colombia durante estos meses agónicos de la administración Duque?

La visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es otro buen ejemplo de las tardanzas y titubeos. Primero se dijo que no se autorizaba su visita a Colombia hasta tanto las autoridades nacionales concluyeran sus labores de investigación. Con esa tesis se estrenó como canciller la doctora Marta Lucía en Washington. Pero después, ante la fuerza de los hechos y la crítica general, el Ejecutivo cambió de opinión y terminó autorizando la visita de la CIDH en condiciones distintas a las que inicialmente había planteado.

Y, por último: la reforma de la Policía. Desde hace más de un año reposaba en el escritorio presidencial un informe que sobre estos asuntos encargó el propio Gobierno a una comisión de expertos. Pero se escogió la fecha de la víspera de la llegada de la CIDH al país para anunciar que se presentaría el próximo 20 de julio un proyecto de ley sobre este espinoso tema.

Las cinco decisiones que hemos reseñado tienen algo en común: son buenas, pero se han adoptado con tardanzas y titubeos.