El anuncio hecho por las delegaciones negociadoras de paz, en La Habana, sobre la solicitud a diferentes dignidades y organismos nacionales e internacionales para integrar un comité que elija a los 24 magistrados del Tribunal de Justicia Especial y los jueces de primera instancia, tiene tanto de largo como de ancho y sin embargo ya comienzan a barajarse los nombres para integrarlo.

Importante, ciertamente, porque en principio esa actividad estaba reservada al intercambio de nombres de candidatos para surtir los cargos del mencionado Tribunal entre las delegaciones, lo que parecería haber quedado descartado.

Como se sabe, el Tribunal de Justicia cuyos jueces adscritos a ella hacen parte de lo que se denomina la Jurisdicción Especial para la Paz, a fin de sancionar a todos los colombianos que hayan participado directa o indirectamente en el conflicto armado, durante los últimos 50 años, es uno de los puntos clave de la negociación y, así mismo, uno de los que ha creado mayor polémica.

De acuerdo con el anuncio de las delegaciones en La Habana, se busca integrar un comité nacional e internacional para que ese cuerpo elija las autoridades de la justicia transicional en el máximo Tribunal del posconflicto.

Esto, como ya es conocido de la opinión pública, porque las altas Cortes colombianas serán desplazadas por este Tribunal en las materias referentes al conflicto armado interno, inclusive revisando las sentencias emitidas en el transcurso de los últimos años y cambiando la noción  de cosa juzgada.

Ello, a su vez, a fin de proceder a las sanciones, diferentes al concepto de las penas tradicionales, establecidas como mecanismo de justicia transicional en favor de los miembros de las Farc, integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y civiles que se hayan visto involucrados, por cualquier razón directa o indirecta en eventos del conflicto, como ganaderos, agricultores,  campesinos y demás miembros de la sociedad civil.

Con ello no habrá prisión efectiva para los integrantes de las Farc, que no estén contemplados dentro de la amnistía general para las tropas guerrilleras, puesto que para ellos no se dictarán penas sino sanciones, y que serán exclusivamente de trabajo comunitario por un lapso de 5 a 8 años, ya que en los acuerdos de La Habana se aglutinan bajo la noción de “libertad restrictiva”. De igual modo, los agentes estatales incursos en graves delitos en desarrollo del conflicto armado, recibirían el mismo tratamiento, lo que, en ambos casos, ha sido ampliamente criticado por acreditadas organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional.

De otro lado, la Corte Penal Internacional, derivada del Estatuto de Roma ratificado por Colombia para salvaguardar el Derecho Internacional Humanitario, ha dicho que se reserva su opinión hasta tanto no se conozca efectivamente la aplicación de los acuerdos sobre justicia transicional. Aun así, el vicefiscal James Stewart, en una visita al país sostuvo que podrían darse diferentes modalidades de justicia, pero con alguna dosis de penas efectivas.

Como se sabe, la Corte Penal Internacional depende, de alguna manera, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, organismo que se ha intentado involucrar directamente, por parte del Gobierno, en los mecanismos para el cese del fuego bilateral entre el Estado colombiano y las Farc. Sobre esa base se espera también un aval indirecto al sistema de justicia transicional adoptado, con el fin de conseguir el respaldo también de la Corte Penal Internacional.

A favor y en contra

Otro blindaje que ha buscado la mesa de negociación de La Habana frente a la resistencia de sectores colombianos, ha sido de que los acuerdos se eleven tanto a categoría constitucional interna como a un convenio especial, de carácter internacional, no sólo dentro del bloque de constitucionalidad colombiana, sino igualmente dentro de los protocolos de la Cruz Roja Internacional y el mismo Consejo de Seguridad de la ONU.

Los críticos a las diversas medidas, que en las encuestas rondan el 75% del país, han sostenido que este tipo de tribunal también puede servir como correa de transmisión para anónimos inciertos y  falsas denuncias, convirtiendo la justicia en un escenario de vindictas y retaliaciones. Además, por un tiempo largo que podría introducir al país en la incertidumbre.

Los partidarios del tema, no obstante, sostienen que es uno de los mejores acuerdos alcanzados en el mundo y que el asunto central de La Habana no es la cárcel para las Farc, sino la desmovilización del aparato guerrillero.

Otros, así mismo, dicen que el esquema corresponde a algo así como la “socialización de la culpa”, un escenario en el que hay una gran mayoría de culpables del conflicto armado y no sólo las Farc. Es la misma idea que ha venido promoviendo ETA, en España, de acuerdo con la cual hay una responsabilidad social compartida sobre el terrorismo y por ello  también debe ser juzgada en las mismas condiciones de la subversión.

En el caso, pues, de que el plebiscito sea positivo, se viene diciendo inclusive que los miembros de las Farc, sujetos a la sanción de obras comunitarias, podrían  ir al mismo tiempo al Congreso, sobre la base del número de curules que próximamente le serán otorgadas. De tal modo, podrían realizar trabajo comunitario los fines de semana o en fechas específicas, mientras que martes, miércoles y jueves podrían ir al Parlamento.

“Comisión de notables”

Por lo pronto, el anuncio de La Habana sobre la integración del comité para escoger a magistrados y jueces, consiste en la invitación a una serie de dignidades y organismos internacionales para que participen de él, faltando aún, desde luego, el curso de la oficialización de la misma, la respectiva aceptación y si ello se va a dar personalmente o por delegado.

Ellos son Su Santidad el Papa Francisco, el Secretario General de las Naciones Unidas, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ) y la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado.

Establece el acuerdo que el Comité deberá elegir a 24 magistrados del Tribunal de Paz (20 nacionales y cuatro extranjeros); otros 24 para las tres salas de Justicia (18 colombianos y seis extranjeros), así como una lista adicional de 19 nacionales y 5 extranjeros para el Tribunal para la Paz y las Salas de Justicia en caso de que se requiera aumentar el número de magistrados o sustituir a alguno de sus miembros.

Por lo pronto, la Constitución colombiana exige que para ser magistrado de cualquier Corte se requiere ser colombiano de nacimiento. Ella tendría que reformarse en su momento para dar cabida a los miembros del exterior y crear la jurisdicción semi-internacional, circunstancia inédita en el país.

También señala que los integrantes del comité seleccionarán a estos magistrados por mayoría de 4/5, con un sistema de votación que promueva el consenso.

Sonajero

De tal manera, Su Santidad el papa Francisco seguramente delegue el tema en algún miembro del Vaticano, el nuncio apostólico en Colombia, Ettore Balestrero o alguno de los obispos de la Conferencia Episcopal Colombiana, especializados en el campo del derecho o en humanidades. El mismo Santo Padre ha dicho que el tema de la paz en Colombia corresponde directamente a los obispos y no se descarta, por tanto, que personajes afines al proceso como monseñor Luis Augusto Castro, delegado por la jerarquía católica para acompañar los acuerdos, sea el elegido.

En cuanto al secretario de Naciones Unidas, que será reemplazado a fin de año, podrá tener alguno de los delegados que actualmente acompañan el proceso.

La presidenta de la Corte Suprema, por su parte, ha dicho que se mantienen dudas sobre los mecanismos de la jurisdicción del conflicto armado, en especial por el desplazamiento de las funciones de las Altas Cortes colombianas y el cambio de doctrina sobre la cosa juzgada. En tal sentido se esperan nuevas reuniones entre el Gobierno y la propia Corte donde se disipen los interrogantes y, en principio, por lo demás en la primera reunión entre los delegados gubernamentales y la Corte, sus integrantes consideraron un desacierto que la discusión se comenzara primero por el nombramiento de su delegado.

El Centro Internacional de Justicia Internacional designaría a una experta en el tema como Caterina Keyck Puyana, actual ternada por el Gobierno para la Defensoría del Pueblo.

Y finalmente, Luis Fernando Gaviria Trujillo, director de la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado (que aglutina las universidades regionales) y hermano del expresidente César Gaviria podría ser el delegado correspondiente por este grupo.

La integración de la jurisdicción especial para la paz, en sus diferentes instancias, depende, como se dijo, de que el plebiscito, que viene manteniendo tendencias mayoritarias por la negativa, apruebe los acuerdos de La Habana.  Luego de ello, queda pendiente que el Congreso, en los actos legislativos por la vía rápida,  aún a la espera de control constitucional, estructure y de curso a la dicha jurisdicción.

Entre tanto es de suponer que para ese momento, abogados o exmagistrados que participaron de la creación de la justicia transicional hagan parte de los eventuales candidatos a integrar la Judicatura Especial. Entre ellos: Manuel José Cepeda, Juan Carlos Henao, Álvaro Leyva y el español Enrique Santiago. Se da por seguro para el Tribunal de Paz y que incluso podría fungir como presidente, a Baltasar Garzón, expresidente de la Audiencia Nacional Española, famoso por su encausamiento del exdictador Augusto Pinochet y entendido del proceso colombiano.

Entre los nacionales que suenan con insistencia están los de Rodrigo Urpimy, Catalina Botero, Juan Carlos Esguerra, IVän Velásquez, Mönica Cifuentes y Yesid Reyes. También por parte de la Corte Suprema podría presentarse uno de los delegados clave en la investigación de la llamada parapolítica como Fernando Arboleda Ripoll. También suenan otros nombres independientes como el del exmagistrado Marco Antonio Velilla, quien en su momento fue ternado para Fiscal cuando se eligió a Vivianne Morales.

Está claro por descontado que la conformación deberá mantener un equilibrio entre personas afines a las partes que negocian en La Habana y algunos otros independientes.

Así las cosas, hasta ahora se están dando los primeros pasos para la conformación del Comité que elegirá a los 72 miembros de la Justicia Especial. Pero como en todo, ya hay vía libre al sonajero.