Colombia logró demostrar la solidez de sus argumentos en medio del proceso de demanda que adelanta en contra de Gas Natural por la mala prestación del servicio de Electricaribe en siete departamentos de la Costa, según el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez.

El proceso ya ingresó a su fase final y según Gómez, Colombia va por buen camino en el reclamo de $1,7 billones por los perjuicios de la electrificadora. La audiencia que se desarrolló en Washington duró una semana, del 5 a 13 de diciembre, en las instalaciones del Ciadi, donde Gas Natural, ahora Naturgy, insistió en su reclamación de US$1.500 millones. Lo anterior, bajo el argumento de que la intervención de Electricaribe no fue procedente por “supuestas violaciones al estándar de: trato justo y equitativo; protección y seguridad plenas”.

“Colombia se concentró en demostrar que Electricaribe se encontraba en una precaria situación financiera que le impedía prestar el servicio de energía eléctrica en los siete departamentos de la costa Caribe. Colombia demostró que fue necesario intervenir a Electricaribe para garantizar el suministro de electricidad en la región Caribe y prevenir que se desarrollara una crisis financiera en el sector de energía eléctrica en Colombia”, indicó Gómez.

Uno de los principales argumentos de Colombia es que la intervención de Electricaribe no fue un acto político y no constituye una expropiación, como alega Gas Natural.

Los daños

En respuesta, Colombia contrademandó a Gas Natural por $1,7 billones indicando que fue Electricaribe la que generó un daño al sector y en la prestación del servicio.

La contrademanda se fundamenta en lo siguiente:

1. Colombia ha tenido que canalizar un monto considerable de recursos a Electricaribe durante la intervención para asegurar la prestación del servicio de energía eléctrica en la región.

2. Las deficiencias del servicio de Electricaribe impactaron de manera adversa la industria y desarrollo de la región Caribe, con la consecuente menor productividad y menor pago de impuestos.

3. Colombia recibió menos ingresos por concepto de los impuestos que habría pagado Electricaribe si hubiera sido bien administrada.

Los argumentos de Colombia siempre han sido defendidos por el Gobierno. En julio del 2018, el entonces  ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aseguró que Colombia tenía los argumentos suficientes para demostrar que esta acción fue la adecuada por la mala prestación del servicio por parte de la compañía y que la demanda no tiene ningún sustento.

"Electricaribe se intervino con sobradas y justas razones, en particular por el pésimo servicio que se estaba prestando a los más de 20 millones de usuarios en las Costa Caribe colombiana", dijo Cárdenas.

"Esa empresa ha estado bajo la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos y es un proceso que se está adelantando para buscar devolverle un operador en el sector privado, pero, la razón de ser de esa demanda que interpuso Gas Natural no tiene ningún fundamento porque el Gobierno y la Superintendencia tenían sobradas razones para intervenir dada la deficiencia en la calidad de la prestación del servicio y los indicadores que mostraban que bajo los parámetros que establece la ley había toda la justificación para intervenir", añadió el ministro.

Cárdenas también aseguró que la Agencia de Defensa Jurídica del Estado ya se encuentra adelantando todos los procesos correspondientes para afrontar este caso.