La cuenta regresiva para el arranque del nuevo mandato presidencial en Venezuela −10 de enero de 2025− se agota rápidamente. Mientras la mayoría de la comunidad internacional sigue condenando el burdo fraude electoral perpetrado por la dictadura de Nicolás Maduro el 28 de julio y aumentan los gobiernos que reconocen al candidato opositor, hoy asilado en España, Edmundo González como presidente electo, la Administración Petro mantiene una postura dubitativa que claramente favorece al espurio régimen chavista. El mismo que fue acusado por una misión independiente de la ONU de incurrir en delitos de lesa humanidad en medio de la represión violenta desatada por las fuerzas de seguridad, colectivos de encapuchados ‘bolivarianos’ y una justicia cooptada. ¿El resultado? Más de una treintena de muertos, decenas de personas desaparecidas y no menos de dos mil detenidos de forma arbitraria, incluyendo setenta menores de edad.
Como se sabe, el gobierno Petro al comienzo trató de impulsar, junto a México y Brasil, una confusa mediación entre la satrapía y la oposición, intentona de la que desistió rápidamente ante la innegable evidencia del fraude. Luego se situó en la tesis de que no reconocería ningún triunfo de Maduro hasta que fueran publicadas las actas oficiales de la votación.
Pues bien, a punto de cumplirse tres meses de la cita en las urnas, la dictadura nada que publica las actas y, por el contrario, descalifica a todo aquel que desconozca su supuesto triunfo. La oposición, en cambio, sí lo ha hecho a nivel nacional e internacional, comprobando que González ganó con más del 60% de los votos. De hecho, la líder opositora María Corina Machado presentó las pruebas de la votación esta semana al Congreso colombiano, que tanto en Senado como en Cámara han pedido a Petro reconocer la victoria antichavista.
Pese a lo anterior, en una postura ajena a la lógica y la democracia, ratificada esta semana por el canciller Gilberto Murillo, la Casa de Nariño no solo se niega a avalar el legítimo triunfo de la oposición, sino que insiste en esperar las tales actas gubernamentales que, claramente, nunca van a aparecer.
¿Hasta cuándo esperará el gobierno Petro? ¿No se da cuenta de que su indecisión solo da aire a la estrategia de la dictadura y raya, como lo advirtiera el expresidente Santos, en una especie de complicidad tácita con Maduro? ¿Mantendrá su polémica postura hasta después del 10 de enero, cuando el régimen insiste en que se posesionará a como dé lugar? ¿Permanecerá inmóvil ante la represión violenta a la oposición?