El desplazamiento forzado de personas continúa siendo uno de los flagelos más graves en todo el mundo. De hecho, el Informe de Tendencias Mundiales 2024 publicado por la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), el pasado jueves, advirtió que, con corte a mayo de este año, existían no menos de 120 millones de víctimas de este flagelo.
Lo más grave no solo es el aumento de la población forzada a salir de sus lugares de residencia por cuenta de situaciones bélicas, violentas, desastres naturales y otras causas, sino que los gobiernos y las demás instancias de la sociedad civil evidencian cada vez más apatía e inacción frente a esta dramática circunstancia.
Más complicado es que el año pasado los niños menores de 17 años constituyeron el 40 % de todos los desplazados forzosos en el planeta. Se trata de una circunstancia con amplias implicaciones socioeconómicas y que pone de presente cómo la niñez y los adolescentes continúan siendo los principales afectados por la violencia y las conflagraciones bélicas. La prevalencia de sus derechos nada que se concreta de forma más sustancial.
Colombia, como se sabe, siempre aparece en la parte alta de las clasificaciones sobre número de desarraigados. Esto se explica no solo por las varias décadas de conflicto armado interno, sino que, además, por ser el mayor país receptor de migrantes ilegales venezolanos.
Según el citado informe de la Acnur, el año pasado Estados Unidos recibió el mayor número de refugiados reasentados a nivel mundial, con 75.100 personas. Le siguen Canadá, con casi 51.100 personas acogidas.
Resulta muy positivo que la agencia de la ONU haya destacado la forma en que Brasil, Colombia, Perú y Ecuador están llevando a cabo amplios programas de regularización para personas refugiadas y migrantes vulnerables, garantizando la documentación y el acceso a los servicios.
De hecho, hay otros temas en donde debe llamarse a una reflexión sobre el bajo nivel de apoyo de la comunidad internacional a los países receptores. De acuerdo con la Acnur, en el caso de los venezolanos que han salido de su país huyendo de la dictadura y la crisis multisectorial, casi la totalidad de los 6,1 millones de migrantes ilegales han permanecido en países latinoamericanos (97 %), sobre todo en Colombia (2,9 millones), Perú (1 millón), Ecuador (471.400) y Chile (435.800).
Visto todo lo anterior, queda claro que se requiere mayor respaldo financiero, logístico y humanitario de los países desarrollados y los entes multilaterales a las naciones que más acogen a los desplazados. Solo así será posible garantizar el retorno a sus sitios de origen y frenar las oleadas de migración ilegal en pos de llegar a Estados Unidos o Europa.