El Programa de Alimentación Escolar (PAE) es, sin lugar a dudas, la iniciativa estatal que más correctivos ha tenido en la última década. Múltiples medidas de reforma, instancias de vigilancia contractual, así como esquemas multidisciplinarios anticorrupción se activaron para garantizar la calidad y cantidad de los desayunos, refrigerios y almuerzos para los alumnos de escuelas y colegios públicos en todo el país. Incluso, se creó una unidad administrativa especializada. Adicionalmente, no pocos gobernadores, alcaldes, funcionarios y contratistas han sido investigados y castigados en las esferas penal, disciplinaria y fiscal… De todo han intentado los sucesivos gobiernos para que este instrumento de alto impacto social e inversión anual billonaria funcione de manera ágil y transparente. Sin embargo, año tras año las anomalías se repiten.
Ayer, por ejemplo, pese a las múltiples alertas tempranas lanzadas desde finales del año pasado y al comienzo de este a los titulares de las 97 Entidades Territoriales Certificadas sobre la obligación de tener todo listo para que el PAE se aplicara sin ninguna novedad desde el primer día del calendario oficial en las instituciones educativas oficiales, la Contraloría General denunció que, con corte al 14 de febrero, más de 781.000 estudiantes se han visto afectados por problemas en el cumplimiento del soporte alimenticio. Es una cifra muy alta dentro de un total de seis millones de niños, niñas y adolescentes beneficiados.
Ya la semana pasada, en el marco de la cumbre de gobernadores, varios mandatarios seccionales advirtieron al Ejecutivo de problemas en materia de giros presupuestales y parte contractual. Igual lo han hecho no pocos alcaldes. Incluso, desde los territorios crecen las voces que consideran que en vista de tanta problemática con este programa lo mejor sería que fuera asumido por el Gobierno Nacional Central, ya sea a través del Ministerio de Educación o de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UAPA).
Tanto la Contraloría como la Procuraduría deben abrir los respectivos procesos para establecer responsabilidades individuales en las anomalías del PAE 2025 y aplicar las sanciones del caso. Debe entenderse la gravedad que significa para el país que 781.000 estudiantes, la mayoría provenientes de hogares de bajos recursos, estén padeciendo en sus escuelas y colegios hambre, ya sea de forma parcial o total por la ineficiencia estatal.